Investigación
La Guardia Civil no ve evidencias relevantes de manipulación en el disco duro de Déborah
Sin descartarlo del todo, ya que hay técnicas capaces de no dejar rastro, los agentes consideran que las llamativas anomalías detectadas se deben al uso normal del equipo
Un cartel pidiendo justicia con el rostro de la joven Déborah. / Marta G. Brea
Marta Fontán / Elena Villanueva
Una cuestión que juega un papel secundario pero nada baladí en el caso Déborah es la relativa al disco duro del que fue su ordenador personal. Tras el intento fallido por parte de la Guardia Civil de Pontevedra de analizar el dispositivo en el juzgado de Tui en septiembre 2020, los expertos de Lazarus Technology, los peritos contratados por la familia de la joven viguesa, lograron realizar en su laboratorio una copia forense del mismo, emitiendo un informe que concluyó que el disco duro había sido manipulado de forma intencionada y que dicha alteración y borrado de datos se produjo después de que el mismo fuese entregada en 2006 a la Policía Nacional.
Otra pericial informática, la aportada por la defensa del exnovio de la víctima y elaborada por Aldama Informática Legal, llegó posteriormente a una conclusión muy distinta, negando un borrado de archivos deliberado y atribuyendo las alteraciones a reinstalaciones ordinarias del sistema o a troyanos que existían en el equipo.
Con estos dos informes contradictorios, faltaba un tercero, el encargado por la jueza al Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid de cara a adoptar una decisión que aún está pendiente, la de si cabe o no abrir una pieza separada para investigar a fondo todo lo ocurrido en torno a la custodia y manejo policial del disco duro.
Ese informe de la Guardia Civil, solicitado hace un año, acaba de llegar al Juzgado de Instrucción 2 de Tui y lo que concluyen los agentes es que, si bien se hallaron llamativas inconsistencias en el sistema operativo relativas a archivos o aplicaciones borradas, las mismas, a su consideración, se relacionarían con el uso normal del equipo informático en diferentes momentos a lo largo del tiempo, no detectando, manifiestan, evidencias relevantes que permitan concluir que existió una manipulación con el objeto de eliminar de forma intencionada información contenida en el dispositivo. Ésta es su conclusión principal en la que, en todo caso y a modo de colofón, apuntan que la hipótesis de la manipulación nunca se puede descartar del todo, por la existencia de técnicas capaces de lograr este objetivo sin dejar rastro.
Recogido en 2006 por la Policía Nacional
en la casa de la víctima en 2006, cuatro años después de su desaparición y muerteLos agentes refieren que no se detectó el uso de programas de borrado seguro ni de borrados masivos de información, determinando que las anomalías podrían explicarse desde un punto de vista técnico por los intentos de instalación de actualizaciones del sistema operativo o por cuestiones relativas a la restauración del mismo. Y una cuestión importante que también hacen constar es que el ordenador tenía instalado Messenger y que no se pudieron recuperar ni la agenda de contactos ni las conversaciones, pero consideran que el motivo técnico de que no conste dicha relevante información ya se produjo en 2002, de forma previa a la desaparición de la joven viguesa.
Petición de una pericial en el juzgado
Las diligencias que a día de hoy están pendientes de practicar en el marco de esta causa judicial reabierta en 2019 se centran en la cuestión principal, la de la desaparición y muerte de Déborah. A la espera de que la próxima semana, el 8 de junio, se celebre la comparecencia de Aitor Curiel, el médico forense y criminólogo que determinó que el fallecimiento de la joven tuvo etiología homicida, una cuestión sobre la que debe decidir la jueza es acerca de la petición del equipo de abogados de la familia de la víctima de que se vuelva a tomar una muestra de ADN al exnovio de Déborah, el único investigado en este procedimiento.
Los letrados justifican la solicitud en que la primera muestra genética que se le tomó en 2002 no está documentada y en que la segunda que aportó en 2010 no se envió a analizar. La defensa no se opone a esta nueva extracción, sobre la que, de forma previa a la resolución judicial, se necesita el parecer del fiscal al afectar a un derecho fundamental. Una de las últimas comparecencias en sede judicial fue la de la lingüista forense Sheila Queralt, que elaboró un informe determinando que el exnovio de la joven pudo faltar a la verdad en su declaración en el juzgado, donde se declaró inocente. La defensa del investigado presentó recientemente una contrapericial realizada por otro experto que, previsiblemente, también será citado de cara a ratificar su informe.
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