El CSIC podía trasladar de oceanográfico a la mujer desaparecida que denunció acoso

Sobre el papel y en comparecencias públicas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) defiende la adopción de todas cuantas medidas sean necesarias para evitar la revictimización de la persona afectada por conductas de acoso sexual. Entendiendo esa revictimización –en palabras de la propia ministra de Ciencia, Diana Morant, del pasado 21 de marzo en el Congreso– como “la que sufre la víctima cuando las instituciones no las atendemos adecuadamente y con justicia”. Se comprometía desde el estrado a “poder continuar con el procedimiento administrativo [tras una denuncia] más allá de los procesos judiciales” para cerrar la puerta a toda conducta de acoso sexual dentro de la organización. Una estrategia u hoja de ruta que no se puso en práctica con Carmen Fernández, la mujer de 43 años que desapareció el pasado septiembre a bordo del oceanográfico García del Cid después de haber tenido que regresar al mismo escenario donde había denunciado una agresión sexual. Camarera en este buque adscrito al CSIC, había reclamado de forma insistente un traslado, que le fue negado –arguye ahora el Gobierno– porque esa posibilidad no constaba en el convenio de la embarcación. Extremo que no es correcto.

El convenio colectivo del barco (código 0807741, registrado en Barcelona) ciertamente no establece ninguna medida de movilidad, que sí está recogida en el Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y por razón de sexo en el CSIC. Este último determina que, “para garantizar la protección de las personas implicadas en este proceso, y previa audiencia a las mismas, la Comisión frente al acoso sexual podrá proponer motivadamente la posible movilidad de las personas afectadas, y cuantas otras medidas cautelares estime adecuadas, con el fin de evitarles mayores perjuicios”. En todo caso, el convenio del García del Cid, el mismo que, según el Ejecutivo, impidió recolocar a Carmen Fernández en otro centro de trabajo, delega en el propio CSIC todo lo concerniente a la organización a bordo. En concreto, lo hace en el artículo 4.1, que dice así: “La organización del trabajo es facultad exclusiva del CSIC, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación, sujetos a los principios de agilidad, puntualidad y suficiencia”.

“Una excusa”

De modo que, teniendo en cuenta que la institución científica es la única facultada para ordenar los cometidos dentro de la embarcación, sí podía haber atendido la súplica de la mujer. Así lo entienden también trabajadores de CSIC e IEO, que han experimentado incluso traslados entre barcos. La familia de la desaparecida –natural de Cangas do Morrazo, casada y madre de tres hijos– también arremetió contra las explicaciones de la entidad por el convenio. “Fue una excusa. ¿Qué sentido tiene un protocolo contra abusos si no puedes cambiar de barco?” Carmen dejó escrito en una libreta su angustia por tener que haber retornado a esta embarcación, “donde me acosaron. Y ahora otra vez, nadie hace nada”. Había estado dos años de baja médica. Y remató escribiendo: “Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho”. El CSIC no ha admitido todavía que la trabajadora había requerido ese cambio de barco. Lo que ahora esgrime –por escrito, en una respuesta al Congreso– es que Carmen pasó las pruebas de aptitud para embarcar en el García del Cid. “No hay ninguna herramienta que habilite para no embarcar a una persona que cumple con los tres requisitos de aptitud”.

El caso de esta mujer, cuya desaparición no ha quedado aclarada –no se requirieron las imágenes de la cubierta del barco, por lo que no se sabe si se precipitó de forma accidental–, ha provocado una fortísima reacción en el seno del CSIC por la “indiferencia” que, denuncian en la plantilla, ha mostrado la institución. No solo por Carmen, sino por todas las denuncias formuladas por conductas de acoso o abuso sexual en sus centros. Oficialmente el Gobierno reconoce haber recibido 12 entre 2019 y 2023, aunque el grupo parlamentario de Esquerra Republicana los eleva ya a 20. Esta misma semana, y a iniciativa de ERC, el Congreso sometió a votación una moción consecuencia de interpelación urgente instando al CSIC a modificar y mejorar su protocolo para proteger a las mujeres. Recibió el respaldo de una amplia mayoría de la Cámara baja; solo los diputados de la ultraderecha Vox votaron en contra.

“Existe un error sistémico que está cometiendo el Ministerio de Ciencia desde hace años, y es la interpretación de que cuando finaliza el proceso penal, también finaliza la vía administrativa. Esto provoca que, por una parte, no se apliquen las medidas de atención y prevención a las víctimas una vez finaliza la vía penal y, por otra parte, evita la aplicación de sanciones para los agresores”, reza la moción.

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