No constan denuncias previas de la víctima
La Junta de Extremadura reconoce que había "incidencias" con los menores detenidos por la muerte de la educadora en Badajoz
La consejería de Servicios Sociales se reunirá este miércoles con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la Fiscalía del Menor para analizar los protocolos

Internamiento en régimen cerrado para los menores que mataron a una educadora en Badajoz
Rocío Entonado Arias
La Junta de Extremadura ha reconocido este martes que existían "incidencias relativas por diferentes conductas" con los menores detenidos por la muerte de la educadora social de Badajoz Belén Cortés Flor en una vivienda tutelada. Estas "incidencias" ya habían sido puestas en conocimiento de la justicia, como indican los protocolos, y la Consejería de Salud y Servicios Sociales estaba a la espera del pronunciamiento judicial para tomar medidas.
Mientras tanto, existía la posibilidad de haber ejecutado un cambio de domicilio para los menores, una opción por la que se ha optado en otros casos pero no en este porque llevaban "muy pocas semanas" de convivencia en esa vivienda. Pese a ello, "por lo revisado hasta ahora todo se ha cumplido de forma correcta", según ha asegurado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.
Investigación en curso
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Espada ha mostrado su "profundo dolor" por el asesinato de Belén y ha trasladado las "condolencias y cariño" a la familia de la víctima, "una excelente trabajadora que adoraba a los menores". Tras mostrar la total disposición de la Junta de Extremadura a colaborar con la investigación en curso, ha asegurado que a la Administración autonómica no le consta ningún tipo de denuncia interpuesta personalmente por la víctima a raíz del comportamiento de los tres chicos detenidos. "Sí había denuncias previas a otros usuarios" que en la actualidad no se encuentran en este piso tutelado.
La consejera sí ha dado cuenta de la existencia un informe elaborado por los "diferentes trabajadores" de la vivienda en el que se alerta de una serie de "incidencias por diferentes conductas" que no ha querido detallar para preservar la intimidad de los menores. La empresa elevó este informe al servicio de Menores de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que a su vez dio cuenta del mismo a la justicia.
A raíz de este informe, el juez puede decretar un cambio de recurso, es decir, su derivación a un centro de menores. Era el pronunciamiento que la Junta de Extremadura estaba esperando, sin poder haber hecho mientras tanto nada más que el traslado de los jóvenes a otra vivienda de régimen abierto.
Reunión con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
A tenor de los hechos y su terrible desenlace, el Ejecutivo autonómico ha solicitado una reunión con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y la Fiscalía de Menores para analizar la premura de estos protocolos y coordinar todas las acciones necesarias. El encuentro tendrá lugar este mismo miércoles y según ha avanzado García Espada, consultará con los responsables judiciales las demandas que ya le han trasladado sindicatos y trabajadores.
Por otra parte, la consejera también ha avanzado que los nuevos pliegos para licitar el servicio de cumplimiento de medidas judiciales en viviendas de régimen abierto como en la que se perpetró el crimen de Belén Cortés, que cumplen en este 2025, contarán con un refuerzo de personal. En los requisitos actuales se establece que al menos tiene que existir un trabajador por turno, pero ahora "se escuchará a todas las partes y se reforzará todo lo que se considere necesario", ha asegurado.
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