Pillados con 200 plantas en Piloña: "Era cáñamo, no droga"
La fiscal mantiene tres y dos años de cárcel para los dos acusados, el dueño de la finca y un transportista que intentó llevarse la marihuana

Un agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Tenían más de 200 plantas de marihuana en un pueblo de Piloña. Cuando la Guardia Civil las encontró, en septiembre de 2021, adujeron que era una plantación legal de cáñamo. Este miércoles lo reiteraron en el juicio celebrado en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo. Los dos acusados, J. A. G., el dueño de la plantación, y J. R. S., conductor de una furgoneta al que la Guardia Civil sorprendió tratando de llevarse las plantas a otro lugar, después de que unos días antes fuese descubierta la finca, negaron estar en el negocio de la marihuana y sus letrados, Alberto Fonseca y Mario Kopke, pidieron la libre absolución.
J. A. G. explicó que la plantación era legal, ya que se trataba de una plantación de cáñamo de cuya existencia se había dado cuenta al Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA). El acusado y sus socios, que habían montado una cooperativa, vendían las plantas completas para uso industrial, y no los cogollos y las hojas como droga recreativa. Para cerrar la finca les ayudaron incluso tres guardas de caza. Su defensa incidió en que no se habían encontrado útiles propios de una plantación de marihuana. Añadió que no se ha respetado la cadena de custodia.
En cuanto a J. R. S., su defensa indicó que simplemente pasaba por allí cuando fue visto por los agentes, en plena madrugada. El olor a marihuana que detectó la Guardia Civil en su furgoneta, así como las hojas sueltas que había en ella, se debían a que se había fumado un porro. No se le encontró en el interior de la finca con las plantas. Explicó su presencia en la zona porque quería "ver venados". De hecho, era época de berrea. Un informe de un laboratorio presentado por la defensa negó que las plantas analizadas tuviesen un THC superior al legal. "No es droga", afirmó
No obstante, la fiscal mantuvo su petición de tres años para J. A. G. y dos años y medio para J. R. S., así como 119.000 euros de multa. Según indicó, "actuaban bajo la apariencia de una cooperativa". Al REGEPA, dijo, no le constaba explotación alguna. "La Guardia Civil remitió al laboratorio 9.950 gramos con una riqueza del 0,3 por ciento, y queda excluido que fuese para autoconsumo", finalizó.
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