La Administración de Justicia no ha sido prioridad para ningún Gobierno y desde luego lo es aún menos para el de Mariano Rajoy. Si los Presupuestos Generales de 2012 supusieron un recorte en las consignaciones del Ministerio del 6,34%, los de 2013 recortaron otro 4,3% y los de 2014 un 2,7% más, por lo que, a pesar de la subida del 1% en el presente ejercicio, en 2015 cuenta con casi 200 millones menos que en 2011. Y no porque nunca hayamos gastado en justicia por encima de nuestras posibilidades, en 2012 sólo representó el 0,9% del PIB mientras que en la UE-27 se dedicaba el 2,2%.
De esta forma es evidente que resulta imposible afrontar los viejos déficits: falta de jueces y órganos jurisdiccionales, sobrecarga de trabajo de éstos y, como consecuencia inevitable, retrasos inaceptables en la tramitación.
La ratio de jueces en España era en 2012 de 11,2 por cada cien mil habitantes, mientras que en Europa son 21. Por si esto fuera poco, Gallardón promovió la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para prescindir, por mor del ahorro, de la figura de los Jueces sustitutos y Magistrados suplentes que resolvían el 30% de los procedimientos, sin ampliar las convocatorias de plazas y planteando como alternativa que juzguen también los Jueces en prácticas, aún en proceso de formación.
Aunque el Ministro Catalá cuestione los datos y diga que tal situación sólo se da en el 10% de los órganos jurisdiccionales, el Consejo General del Poder Judicial sostiene que en los 3.895 Juzgados existentes, se da una sobrecarga de trabajo superior al 150% en 1.695, lo que ha provocado la insólita situación de que una Asociación de Jueces haya demandado al Estado ante la Audiencia Nacional solicitando más medios o que la comisión Nacional de Seguridad y Salud del CGPJ esté analizando la repercusión de esta sobrecarga en la salud de los profesionales.
Y a pesar de que en Asturias no se dan situaciones extremas, hay Juzgados que están señalando vistas para 2017 (Penal de Valencia), 2018 (Penal de León y Social de Sevilla) y hasta para 2019 (Mercantil de Sevilla).
Las famosas "tasas judiciales", que acaban de suprimirse sólo para las personas físicas, a pesar de que lo recaudado representa aproximadamente un tercio del Presupuesto, no solamente no han servido para mejorar la financiación de la justicia gratuita, que sigue siendo una carga colegial que asumen abogados y procuradores con unas compensaciones irrisorias, sino que tampoco ha llegado al conjunto de la Administración de justicia.
Del conjunto de reformas impulsadas por el PP, sin duda una de las más cuestionables es la privatización del Registro Civil. Privatización de la plataforma tecnológica cuya titularidad atribuía la Ley de 2011 al Ministerio de Justicia. Y privatización de la gestión que se atribuye a los Registradores Mercantiles y de la Propiedad, según el Gobierno "pro bono" puesto que se mantendría el carácter gratuito del servicio. Pero no han tardado en aparecer las compensaciones: subida de los aranceles por las gestiones que ya realizaban, incremento del número de actos inscribibles por los que cobrarán (legalización anual de los libros no sólo por las sociedades sino por todas las entidades), pago por el Libro de Familia y ahora aportación directa de recursos públicos por importe de cuatro millones de euros para que sigan tramitando los expedientes de nacionalidad. Por eso es una buena noticia que el pasado viernes el Ministro anunciase la paralización del proceso, aunque sin aclarar si ello significaba la renuncia definitiva a la privatización y aún menos qué es lo que pretende hacer con la gestión del Registro Civil. Parece que el fin de otras de las medidas estrellas de Gallardón está más cerca.
Tampoco la política del Gobierno ha ayudado a aumentar la confianza en la independencia de la justicia. Hace pocas semanas, la Comisaria Europea de Justicia, Vera Jourova, presentó un Estudio sobre los sistemas judiciales en los veintiocho Estados de la UE en el que se reflejaba que España es el país en el que más ha caído la percepción por los ciudadanos de dicha independencia; si en 2012 era de 4 en 2014 descendía a 3,2 sólo superior a la croatas, búlgaros y eslovacos. Por su parte, el foro Económico Mundial sitúa a nuestro país en esta materia en el puesto 78 de 148 países.
Todo ello es más dramático porque la crisis exige que los ciudadanos puedan defender sus derechos ante órganos jurisdiccionales eficaces y ágiles. Quizá precisamente por eso no exista interés alguno en sacar a la justicia de su lamentable estado.
