Cada mes crece el número de estudios que muestran que la contaminación del aire es nociva, incluso durante exposiciones de corta duración o a niveles mucho más bajos que las directrices vigentes de la Unión Europea. En uno de los estudios publicados en diciembre de 2017, realizado por investigadores de la Universidad de Harvard de EE UU, se mostró que cuanto más sube la media diaria de partículas de diámetro menor de 2,5 micrómetros (PM2,5), más suben las muertes en una población de mayores, incluso a niveles por debajo de 10 microgramos por metro cúbico (µg/m3). Concretamente, cada incremento en la media diaria de 10 µg/m3 fue asociado con un aumento de alrededor de un 1 por ciento en la frecuencia de fallecimientos.
En otro estudio, publicado en "International Journal of Cardiology" (2018), investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona mostraron una asociación muy similar entre PM2,5 o PM10 y la frecuencia de ingresos hospitalarios y muertes por infartos cardiacos. De nuevo, cada aumento en la media diaria de 10 µg/m3 , de PM2,5 o PM10, fue asociado con un aumento de alrededor del 1% en infartos y en muertes.
Pero los asturianos no necesitan recurrir a Boston ni a Barcelona para comprobar que existe una relación entre polución y enfermedades en nuestras ciudades. El Principado llevó a cabo un estudio epidemiológico, "Calidad del aire y salud en Asturias. Informe epidemiológico 2016", que muestra que los ingresos hospitalarios en Gijón, Oviedo y Avilés por razones respiratorias o cardiovasculares están asociados con picos de contaminación.
En definitiva, varios estudios apuntan a la misma conclusión: sea cual sea la dosis, el veneno es veneno. Por eso es difícil comprender algunos comentarios de las responsables de medio ambiente de Gijón, que aseguran que episodios de picos de contaminación -como los causados por el reciente incendio del desguace- no son causas de preocupación en la población. Estas responsables deben seguir la evidencia científica más atentamente y recordar que las directrices son establecidas no por los científicos, sino por los gobiernos u otras organizaciones como metas para reducir los efectos dañinos de la contaminación, no para eliminarlos.
