Todos lo saben y todos lo callan. Los grupos parlamentarios de la Junta son conscientes de que han utilizado a su antojo y sin control los puestos de asesores parlamentarios. Por tanto, no cabe sobresaltarse por que ahora el parlamento quiera poner orden en unos trabajadores que dependen de la Junta, aunque los partidos hacen con ellos lo que les conviene en cada caso. No se trata de cuestionar la libertad a la hora de designar a los asesores, sino la conveniencia de que cumplan con tareas acordes a su puesto de trabajo y que no sirvan para que los partidos cubran así algunos sueldos o hagan sus cambalaches. Ni quienes se han apresurado a asegurar que cumplen a rajatabla lo hacen: hay asesores por debajo de la categoría que les corresponde por su titulación, otros ejerciendo labores que no tienen que ver con su posición y unos cuantos dividiéndose entre el partido y el parlamento.
El asunto viene de lejos, porque ya se señaló esta incongruencia en anteriores legislaturas. Eso sí; como hay para todos los colores ningún partido dijo ni pío sobre el asunto, que ya se había debatido internamente en la Cámara. Y en cuanto LA NUEVA ESPAÑA reveló la existencia del problema no tardaron en decir que sí, que algo había que hacer. Lo mismo ocurrió cuando acabaron regularizando las dietas y el kilometraje para declararlos fiscalmente.
