No hay razón que justifique, ni mínimamente, el asesinato de Javier Ardines. No lo hay para asesinar a nadie. Menos a alguien que dedicaba una buena parte de su tiempo a la gestión pública. No en una democracia avanzada que pone a nuestra disposición multitud de mecanismos para resolver diferencias sin recurrir a la violencia.
Tampoco hay excusa para la utilización política de un homicidio. Y menos para situar bajo los focos de la sospecha a personas y/o colectivos, con nombres y apellidos, por interés partidario. Y, sin embargo, es lo que se hizo desde la Alcaldía de Llanes y sus aledaños.
Desde el mismo momento en que se conoció el trágico suceso, el móvil sentimental era insistentemente repetido, en las calles de Llanes, a la hora de buscar una "explicación a lo inexplicable". Pero no era el que convenía a una Alcaldía que finaliza un mandato con muy escasas realizaciones para afrontar con optimismo las elecciones municipales del próximo mayo.
Como cualquier organismo público, el gobierno municipal, al que perteneció Ardines, tomó decisiones que generaron apoyo, pero también descontento. Fue lo que se aprovechó desde la cúpula municipal para, hipócrita y deslealmente, dirigir las sospechas de su asesinato hacia quienes discreparon de algunas decisiones municipales.
Y para ello trataron de manipular la opinión publicada. Medios regionales, nacionales e internacionales se hicieron eco, ampliamente, del luctuoso suceso. Y todos, lógicamente, reclamaron la opinión del primer edil y los suyos. De sus declaraciones surgió el inexistente "motivo político".
Desde mitad de agosto hasta la pasada semana lo mantuvieron sin enmienda. A pesar que ya el pasado 16 de noviembre éste medio adelantó que según fuentes de la investigación, el motivo sentimental era prácticamente definitivo. El mismo alcalde insistió días después en dicha falacia comparando a Llanes con la Sicilia de los 90, en un programa, presuntamente de "investigación".
Los socialistas llaniscos. Trabajadores municipales que denunciaron presiones y acoso laboral. Los 16 afectados por la Oferta Pública de Empleo. Los funcionarios de "cuerpos nacionales", por oposición y concurso estatal, que se negaron a aceptar imposiciones inadecuadas. Los empresarios que advirtieron de las graves consecuencias que para el empleo y la actividad estaban teniendo decisiones municipales. Vecinos descontentos con iniciativas del Ayuntamiento... Todos tratados como "sospechosos habituales".
Quien más estaba obligado a tratar de cohesionar la sociedad llanisca y a recordar el principio de presunción de inocencia ante las hipótesis generadas por el desasosiego y la desconfianza, se convirtió en el principal agitador de teorías conspirativas.
El Estado de Derecho colocó las cosas en su sitio. Personalizado en la Guardia Civil, profesional y perseverante, investigando rigurosa y ejemplarmente. Y en una jueza minuciosa, cabal e institucionalmente responsable. Con la actuación de una y otra llegó la evidencia: no hubo móvil político.
El Alcalde y los suyos tienen, con un buen número de llaniscos y llaniscas, una deuda que difícilmente se paga con honor. ¿A qué espera para salir a pedir perdón por sus calumniosas insinuaciones? No creo que lo haga y espero que la ciudadanía llanisca se lo haga pagar, próximamente, en las urnas.
