Corría el año 2012, y el Gobierno asturiano, presidido por Javier Fernández, nombró a sus directores generales, unos treinta y seis. En octubre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló doce de esos nombramientos, y el 15 de junio de 2015, el Tribunal Supremo respaldó esa nulidad. Doce de treinta y seis directores generales estuvieron actuando, pues, indebidamente una legislatura completa de Gobierno socialista. Una escandalosa ilegalidad, sin apenas repercusión, a pesar de toda la labor puesta en manos de personas cuyos nombramientos fueron definitivamente anulados, dos o tres semanas tras las siguientes elecciones, qué casualidad.
Fue el sindicato USIPA quien promovió aquella actuación judicial, dado que, de los nombrados en 2012, diecinueve no eran funcionarios, y por ello incumplían un requisito básico -entonces establecido por la ley 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración del Principado de Asturias-, salvo que se justificase en el nombramiento la adecuación expresa con respecto al concreto puesto de Gobierno. Pero, tras la primera decisión de nuestro más alto tribunal, el Gobierno asturiano recurrió al Supremo, y mientras se agotaba la legislatura, cambió la norma mediante una ley de la función pública en 2014 (ley 7/2014, 17 julio, de medidas en materia de función pública y organización administrativa), después de la Sentencia TSJA (2013), y todo ello antes de las elecciones del 2015, para prevenir la consolidación de los cuestionamientos. Pero ello no es óbice para que sigan en vigor normas españolas que establecen criterios de exigencia e idoneidad en el acceso a estos puestos básicos de nuestra Administración pública.
En aquel momento, una de las personas indebidamente nombradas (María Serafina Álvarez Murias) fue pieza clave en la elaboración e impulso del II Plan del lobo astur, es decir, en la continuidad de la gestión de matar lobos para nada.
Ahora, la estructura de las consejerías del nuevo Gobierno se establece en el BOPA de 25/07/19, pero se cambia apenas un mes después (BOPA 26/08/19), para apartar espacios y especies de 'Medio Ambiente' y dejarlo en manos de "Desarrollo Rural". Un retroceso a posiciones que supeditan lo ambiental, lo público, a intereses sectoriales privados y rancios, por no extendernos.
Considerando que todas menos una de las Direcciones Generales de Desarrollo Rural son radicalmente cuestionables, y en particular, la que afecta al lobo, en manos de David Villar García, ASCEL acaba de requerir ante nuestros tribunales la corrección de estos nombramientos.
No puede ser que porque uno esté enfermo sea adecuado para ser director General de Sanidad, o porque le piquen las pulgas en León pueda ser director general de Enfermedades de Transmisión Animal en Viajes Ibéricos, como tampoco que por ser ganadero pueda o deba ser director general de Ganadería, por ejemplo. No es currículum para pagarle una alta retribución y para dejar en sus manos cosas más serias que el ganado. Claro que todo cambia según el carné, e incluso es posible que ya no se dé esto, por estar demodé. Y es que ahora hay más de cincuenta directores generales, o sea, que en apenas siete años se da una inflación brutal de cargos, sin que las plantillas aumenten, y mientras nos cuesta entender qué papel tienen algunas posiciones. Ahora, eso sí, ¡que títulos en las direcciones! Pero en realidad, nada más lejos del perfil idóneo o adecuado para tan altas responsabilidades.
Y en estas estamos cuando de repente, con un ímpetu arrebatador, aparece nuestro presidente alineándose con aquellos que tienen la gestión del lobo, y toda la caza, pendiente del Tribunal Constitucional, es decir, el Gobierno de Castilla y León, para acordar que se acabó el parque nacional de los Picos de Europa, porque -faltaría más- se van a matar allí todos los lobos que haga falta.
Conviene recordar que un parque nacional viene a ser la figura más elevada de protección de nuestro territorio para conservar el patrimonio natural, el patrimonio común. Y conservar es lo opuesto a matar, no hace falta tanto director general, o consejero sin par, para advertir esta afirmación. Ergo, si en un parque nacional hay lobos, todos felices y a protegerlos, como corresponde y manifiesta la ley 30/2014.
En realidad, parece ser que se apuesta ahora por una gran porquería nacional, pero habrá que empezar a preguntarse si todo el dinero que llega por esa etiqueta ("Parque Nacional") puede seguir llegando si se mata a la especie clave para explicar, entender y preservar la naturaleza en los Picos. Todo lo demás, en un parque nacional, está supeditado a ello (léanse el artículo 5 de la antedicha ley). O sea, que, sin lobos, no hay parque nacional que valga.
En fin, desde ASCEL continuaremos sin descanso ni desmayo trabajando sobre la base de que la conservación integral de ecosistemas es clave para garantizar nuestra supervivencia como especie, y persiguiendo que una especie protegida como el lobo, cumpla su papel en el medio del cual nosotros también formamos parte. Necesitamos lobos.
