Ahora resulta que los letrados de la Junta General del Principado tendrán una nueva labor que sumar a las ya inherentes y lógicas a su cargo: la de llevar la cuenta de los diputados que faltan a las comisiones y comparecencias parlamentarias para evaluar posibles sanciones futuras. ¡Qué pena! Porque si se ha tomado una decisión tan drástica por parte de la Mesa de la Cámara legislativa asturiana no es por una ausencia puntual o justificada, no, sino porque es algo habitual por parte de algunos parlamentarios, fundamentalmente los de Vox y, en los últimos tiempos, también los de Foro. Al menos eso es lo que denuncian los responsables de Ciudadanos y Podemos en la asamblea legislativa.
Hay que recordar a los diversos partidos políticos y a los diputados autonómicos que los representan que si están en la Junta General del Principado es porque quieren. Nadie los ha obligado a ello. Y, por supuesto, la labor parlamentaria no es un entretenimiento, es una obligación adquirida ante los asturianos en unas elecciones. No hay excusa posible para generalizar lo que debería ser la excepción, las faltas a reuniones de la Cámara autonómica. Se crea o no en ella.
Argumentan desde Vox que sus dos diputados no cuentan con dedicación exclusiva y que "son profesionales que tienen sus despachos abiertos". Muy bien, pues si no tienen tiempo para dedicarlo a la labor parlamentaria y a preocuparse por el bien común de los asturianos que dimitan y dejen el escaño a otros que sí puedan cumplir con las obligaciones del cargo, con el contrato firmado con la ciudadanía.
Es que los políticos asturianos no aprenden. Después de que los sueldos de los diputados regionales se hayan duplicado en los últimos diecisiete años y el de los grupos parlamentarios se haya triplicado, ahora van y resulta que la propia Junta General tiene que controlar a los diputados que "piran" como si de malos escolares se tratara. Que luego no se quejen. Es lógico que su desprestigio vaya en aumento.
