Habíamos visto cómo, después del deslinde de 1883, Avilés había presentado una impugnación ante el Gobierno Civil en contra de todo lo actuado alegando que, en realidad, las comisiones constituidas en ambos municipios, lo habían sido para determinar el alcance económico que cada uno tenía que aportar en la reparación del camino real de la Reguera, que bajaba hasta la fuente de Carcedo, en la parroquia de San Cristóbal. El deslinde hasta el río Raíces o de Las Guardadas, se había hecho sin que dichas comisiones estuvieran autorizadas para ello. Por otra parte, ese deslinde era incompleto, puesto que faltaba establecer las lindes de toda la zona de las parroquias de Miranda con Pillarno y San Miguel de Quiloño, es decir, no se había deslindado desde Carcedo hasta la Cruz de Illas. Y, por si lo anterior fuera poco, lo actuado se había hecho sin guardar las formalidades y las garantías contempladas en la normativa aplicable y que eran preceptivas.
El Gobernador hace suyos los argumentos de Avilés y, mediante resolución de 8 de noviembre de 1888, declara la nulidad de todo lo hecho, por lo que el deslinde de 1883 queda sin efecto.
Al año siguiente, con fecha 30 de agosto de 1889, el Ministerio de la Gobernación promulga el Real Decreto de alcance general, que obligaba a deslindar los diferentes términos municipales, por lo que ambas corporaciones se ven abocadas al nombramiento de las comisiones que han de realizar un nuevo deslinde, el segundo. El amojonamiento desde la Cruz de Illas hasta Raíces no ofreció problemas, a pesar de los lugares de la parroquia de Xagó que fueron incluidos dentro del municipio de Castrillón por haber pertenecido, antes del arreglo parroquial de 1856, a la parroquia de Pillarno. Pero cuando se llega a San Cristóbal y hay que empezar a bajar hacia El Espartal, en este punto interviene el director de la Real Compañía, Santiago Payne, que asume el rango de portavoz de la comisión de Castrillón y hace imposible cualquier acuerdo con Avilés. La empresa no está dispuesta a tolerar ninguna de concesión que pusiese en peligro, ni un milímetro del terreno del Espartal, y mucho menos en el Puerto. Es la comisión de Avilés la que finaliza el deslinde incluyendo todo San Juan y un frente de playa dentro del municipio de Avilés.
Paralelamente, la Real Compañía, a través del municipio de Castrillón, presentó demanda contencioso-administrativa en contra de la resolución del Gobierno Civil de la provincia, que anulaba el primer deslinde de 1883.
La Audiencia Provincial, mediante sentencia dictada el 17 de abril de 1890, desestima la demanda planteada por el Ayuntamiento de Castrillón, y confirma la resolución del Gobernador Civil de 8 de noviembre de 1888, por la que quedaba anulado el primer deslinde realizado en 1883 y se validaba el segundo deslinde, realizado en 1889, que incluía San Juan de Nieva y todo el territorio donde se estaba construyendo la nueva dársena, en el municipio de Avilés.
Sin embargo, el ascenso al poder en Madrid de los conservadores de Cánovas, con los que la RCAM tenía muy buena mano, da nuevos ánimos a la empresa que, utilizando de caballo blanco al Ayuntamiento de Castrillón, presenta un recurso ante el Tribunal Supremo. Los mismos argumentos rechazados en las dos instancias anteriores, son ahora reconocidos por el Alto Tribunal, concretamente por su Sala de lo Contencioso, que emite una sentencia con fecha 23 de junio de 1892, publicada en "La Gaceta" el 27 de noviembre de ese mismo año, por la que se anulan, tanto la resolución del Gobernador de la provincia de 8 de noviembre de 1888 como la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 17 de abril de 1890.
Consecuentemente, vuelve a entrar en vigor el primer deslinde de 1883 y el límite entre los dos municipios vuelve a ser, desde el pozo del Cuélebre, el río Raíces o de Las Guardadas "con las ondulaciones que la naturaleza le ha dado".
Sin embargo, el tema estaba muy lejos de quedar sustanciado. En primer lugar, porque en esos momentos, el río Raíces o de Las Guardadas había sido canalizado para hacer la trinchera del ferrocarril y las obras de la nueva dársena y, por tanto, había desaparecido como referente divisorio. En segundo lugar, porque se suscitan dudas sobre si lo escrito en el documento del primer deslinde, el de 1883, hace referencia, cuando se refiere al río mencionado, a aguas abajo o aguas arriba desde el pozo del Cuélebre.
La sentencia de 23 de junio de 1892, repone como válido el incompleto y vago deslinde de 1883, estableciendo como lindero entre Avilés y Castrillón "...el río Raíces o de Las Guardadas con las ondulaciones que la naturaleza le ha dado". Unas ondulaciones que, referidas a la desembocadura, habían desaparecido por el encauzamiento del curso hasta la ría en línea recta, tal y como hoy lo conocemos. Por otro lado, la pregunta que se suscitaban los técnicos y los políticos del momento era la siguiente ¿En dónde se producía realmente la desembocadura del río Raíces y, por tanto, cuál era el alcance real de la sentencia referida?
Un informe solicitado por el Ayuntamiento de Avilés y firmado por los abogados Cástor Álvarez y Froilán Arias Carvajal, el día 3 de septiembre de 1892, concluía estableciendo lo siguiente:
"...mientras no se fijen mojones en la parte del río y el arenal que rodea la dársena no puede decirse que se ha concluido la operación de deslinde... una operación que ha de declarar, indefectiblemente, que alcanzan los límites jurisdiccionales de Avilés los terrenos de la dársena y muelles comprendidos en la zona marítima, porque aun cuando se pueda admitir que el río Raíces constituye la línea divisoria de los dos concejos, éste desemboca en el playón del Espartal y las aguas del mar rebasan el puente de la vía férrea, sin que más hacia la escollera pueda penetrar el terreno de Castrillón".
El Ayuntamiento de Avilés remitió al de Castrillón este informe, el 28 de septiembre de ese mismo año de 1892. Y, en Castrillón, que habían pensado que la sentencia de 23 de junio de 1892 les otorgaba por entero todo San Juan, dársena incluida, se quedan de una pieza, porque la guerra no había terminado. Avilés no se rendía, y las espadas seguían en alto. Por tanto, la jurisdicción sobre San Juan y la Dársena, en la margen izquierda de la ría, seguía en disputa, a pesar de la mencionada sentencia de 1892.
Pero esta indefinición comenzó a tener consecuencias y, a partir de ese momento, comenzaron a surgir incidentes violentos, tanto en Salinas como en la zona de la nueva Dársena, en donde individuos armados acosaban a los avilesinos con el objetivo de echarlos de unos territorios que consideraban propiedad de la RCAM y bajo la jurisdicción de Avilés. El verano de 1894 fue especialmente conflictivo.
El día 10 de julio, el "Diario de Avilés" recoge que, unos días antes, hombres armados con garrotes procedentes de Castrillón habían avanzado sobre la dársena de San Juan, con el ánimo de hacer desaparecer cualquier vestigio que recordase su pertenencia a Avilés. Tuvo que intervenir el Alcalde avilesino, enviando fuerzas municipales a la zona, para dispersar a los alborotadores y calmar los ánimos. Así que, ante la presencia en el puerto de guardias de consumos de Avilés, en Castrillón, desde foros cercanos a Arnao, se plantea una propuesta al Ayuntamiento para elevar en 30 guardias municipales la plantilla del concejo, con el objetivo de destinarlos a San Juan y así, asegurar la posesión del territorio frente a Avilés. Se quería expulsar definitivamente de la zona a los guardias de consumos del municipio vecino. En los corrillos de los promotores de la propuesta, se oían los comentarios que expresaban el deseo y la voluntad de actuar para que, que si los guardias de Avilés no se iban por las buenas, fueran expulsados a palos; y, si esto tampoco daba resultado, a tiros. Sin embargo el alcalde, Manuel Muñiz García, se opone a la propuesta y ésta no prospera.
Unos días después, se repiten los enfrentamientos en Salinas. Los incidentes son recogidos por el mismo periódico con fecha 7 de agosto. Nuevamente, aparecen individuos armados con garrotes que agreden a jóvenes de Avilés que estaban en una verbena, en Salinas. Avilés debía de ser expulsado de todo El Espartal, desde el túnel de la playa del Cuerno hasta la ría en San Juan, por las buenas o por las malas; por sentencias judiciales o por garrotazos de esbirros armados que, aunque nadie sabía quién les pagaba, todo el mundo lo intuía.
Todos estos incidentes trascienden fuera de la comarca, siendo así que en los periódicos madrileños, unos días más tarde, recogen una noticia que refleja enfrentamientos entre guardias municipales de Castrillón y agentes de consumos avilesinos, en la dársena de San Juan. Incluso se habla de una sangrienta colisión.
La lucha estaba tan enconada que, sobre el particular, en diciembre de ese año 1894, concretamente el día 28, se publicaba un artículo en el "Diario de Avilés", firmado por "un espartano", cuyo final reproducimos literalmente:
"...acudan los prusos de Arnao a cuantos medios quieran para sostener la lucha emprendida; pero no se olviden que, si con sus falsías han conseguido engañarnos mientras que fueron humildes, hoy que son poderosos no conseguirán humillarnos. Y no se engañen los que por móviles mezquinos les presten apoyo, olvidando que nacieron en esta noble tierra; la lucha terminará y la razón y el derecho se impondrán a todos; pero ellos serán mientras vivan réprobos que rechazaremos con indignación como hijos espurios y desagradecidos. La suerte está echada: de un lado los prusos y alemanizados, defendiendo una injusta usurpación de terrenos que no les pertenecen, y la disminución de nuestro radio municipal, y de otro los buenos hijos de esta villa, que jamás toleraremos imposiciones del audaz y soberbio extranjero, defendiendo con entusiasmo y patriotismo la integridad de nuestro territorio municipal y los sagrados derechos del Estado en el arenal del Espartal".
Así sucedió, así se lo he contado a ustedes, y así queda anotado en mi "Diario de a Bordo". Pero la historia continúa...
