Uno de los mayores y más trascendentes legados de los conquistadores romanos para la Europa continental fue su derecho. Su fino olfato jurídico fue una contribución extraordinaria a la civilización. No obstante, algunas de las instituciones jurídicas que utilizaron y nos transmitieron las tomaron de algunos de los pueblos conquistados, especialmente de Grecia, como lo delata el nombre de al menos tres de las mismas.
Podríamos citar en primer lugar a la anticresis, cuyo nombre en griego viene a significar "a cambio del uso". Es esta una institución actualmente olvidada, de tal manera que pocos abogados e incluso jueces puedan explicar de qué se trata, porque es inusual en el tráfico jurídico moderno. A tal efecto, recuerdo una anécdota que se refería desde hace muchos años, en la que se cuenta que un estudiante fue a un examen oral de Derecho civil y el profesor le preguntó sobre la anticresis. El alumno respondió: "La anti? ¿qué?". Naturalmente suspendió, pero me temo que hoy le ocurriría lo mismo a la inmensa mayoría
Una segunda institución de evidente origen griego es la enfiteusis, que significa "implantación" y que también ha quedado para los historiadores, porque ha dejado de tener utilidad en la sociedad urbana, industrial y mercantil en que vivimos.
La tercera, por el contrario, está bien viva y coleando, porque se trata de la hipoteca, que en griego significa "debajo de la caja", lo que es equivalente a oculto. Es que la hipoteca es un gravamen sobre la propiedad que no deja el más mínimo rastro externo de su existencia, ya que el propietario puede seguir usando y disfrutando de su inmueble e, incluso, transmitirlo. Por eso, durante bastante tiempo fue un instituto jurídico discutido por inseguro, hasta que, en tiempos de Carlos III, se establecieron las Contadurías de hipotecas y, posteriormente, los Registros de la propiedad, en cuyos archivos quedaban inscritas las hipotecas y, con ello, dejaron de ser una carga oculta.
Las hipotecas son actualmente de general uso, de tal manera que pocos habrá que no hayan tenido al menos una en su vida. Es que, ciertamente, es muy útil, tanto para el que pide el crédito para adquirir un inmueble, que puede usarlo y disfrutarlo plenamente, como para el banco que se lo concede y así garantiza su devolución. Tanta profusión de ellas ha habido en los últimos tiempos que los prestamistas se aprovecharon imponiendo cláusulas que, a la postre, han sido declaradas abusivas por los tribunales.
En esa orgía hipotecaria los sacamantecas tributarios vieron una gran oportunidad de hacer también su agosto, imponiendo un tributo por estas operaciones y aprobando al efecto la Ley sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales. Tan apurados debían estar que en esa norma no quedaba claro quién debía pagar ese impuesto, de modo que se aprobó un reglamento en el que, sin lugar a dudas, se disponía que quién tenía que apechugar con el tributo era el que recibía el crédito hipotecario, o sea, el currito.
Durante más de treinta años los adquirentes de viviendas con crédito hipotecario han sido los que han soltado la manteca para pagar el impuesto, hasta que últimamente a alguien se le ocurrió recurrir y se armó la marimorena, porque una sentencia declaró nulo ese artículo del reglamento. Se encendieron todas las alarmas y la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó otra, quince días después, manteniendo la doctrina anterior, o sea que quien tenía que pagar era el cliente porque la ley al respecto era oscura y lo aclaraba así ese reglamento.
Parte de los políticos se han echado manos a la cabeza con esa decisión del Tribunal Supremo y muchos comentaristas han acusado a sus miembros de estar al servicio de la banca. Pero lo cierto es que, si los magistrados se han mostrado proclives a alguien, ha sido a favor de las haciendas de la Comunidades Autónomas porque, en el supuesto de mantener la nulidad del precepto reglamentario, eran éstas las que debían devolver a los paganos el impuesto ilegalmente percibido, lo que les hubiera supuesto unos 5.000 millones sólo de los últimos cuatro años. Que redacten bien las leyes.
