Es difícil encontrar en la historia de países medianamente desarrollados desafíos políticos como los que está sufriendo, en Cataluña, nuestra democracia, calificada desde distintos observatorios como ejemplar y adelantada. La manifiesta deslealtad a la Constitución, a su espíritu y a su letra, ha ido subiendo en intensidad en todos los aspectos, económicos, políticos y sociales. Aprovechándose de la debilidad de sucesivos gobiernos ha relegado al Estado a la pura entelequia testimonial y sin herramientas de poder o de corrección. Cuesta explicar cómo se ha llegado a este nivel de reto, culminado con una rebelión que ahora se juzga con aire de complejo de culpabilidad, no por los presuntos delincuentes sino por instituciones del Gobierno, léase Fiscalía General, miembros del TS y hasta del TC.
No hace falta recurrir a las hemerotecas. Ahora mismo se están produciendo graves situaciones que ponen en evidencia el desafío a un Estado inerme, y la burla a todos españoles con un mínimo de dignidad nacional. Algunos ejemplos: el máximo representante del Estado y de la democracia española, el Rey, es ninguneado protocolariamente, por el presidente de la Generalidad y la alcaldesa de Barcelona, en el Salón del Automóvil inaugurado en la ciudad condal. El recluso Oriol Junquera reclama al presidente del Gobierno que vaya a su celda, para negociar los términos del apoyo de ERC a la investidura en el Congreso, además de pactar la licencia a Miquel Iceta para presidir el Senado. La Generalitat provee de secretaria al huido de la justicia, Puigdemont, pagando con dinero público, al igual que lo hace con los despachos foráneos contratados para denigrar a la democracia española y que intrigan en Bruselas para que aquel personaje acceda al Parlamento de la UE sin necesidad de acreditarse primero en España donde sería (esperamos) detenido.
El soberanismo se apunta a todo. Incluso una desfasada ley como la LOREG, que dejó algunas lagunas, le sirve para humillar al Estado, requiriendo un previo suplicatorio, la suspensión del juicio en el TS y la consiguiente libertad provisional de los procesados.
La LOREG que Cs quiso reformar hace tiempo y que todos los partidos rechazaron, va a permitir que los presos aforados por su elección como diputados, Oriol Junquera, Turull, Romeva, Jordi Sánchez y Rull tomen posesión de su escaño, amparados por el orden jurídico que ellos trataron de subvertir con su planeado golpe de estado. Los soberanistas buscan sobre todo la foto de esos personajes en el hemiciclo y mejor si aparece junto a ellos la Guardia Civil.
El "buenismo", TV3, nacionalistas flamencos, escoceses, corsos y algunos de Quebec, junto a socios del País Vasco, Baleares, Galicia y Valencia, pondrán el grito en el cielo, recordarán a la Inquisición, de paso le darán una tarascada a la Monarquía a cuenta de la autoritaria democracia. Todo vale para clamar por indultos y hasta indemnizar a los héroes golpistas.
La dignidad nacional exige poner remedio a esta situación de fraude de ley. Hay que actualizar la legislación que en nombre del garantismo convierte al agraviado en víctima. ¿Lo sabrán en la Moncloa?
