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Ventanal

Más control y ética pública

Las medidas en fravor de la transparencia y frente a la corrupción

Jimmy Carter, 39.º presidente de los Estados Unidos, demócrata, allá en 1977, creó la Office of Governement Ethics (OGE), revelándose como un eficaz instrumento para combatir la corrupción en la función pública. A este servicio federal, reforzado por sucesivos presidentes, se deben las iniciativas de control de sueldos y anulación de las prácticas de las "puertas giratorias", que eran el procedimiento de los grandes grupos de presión para conseguir de la administración pública, decisiones propicias a los intereses particulares.

La severidad de la OGE puede medirse por algunas de las normas, referentes a las informaciones que los cargos políticos y funcionarios, deben hacer llegar todos los años al "registro de ética": todos los ingresos, incluyendo las percepciones por conferencias, artículos de prensa, etcétera y señalando quién es el pagador. También invitaciones y hoteles cuando las facturas excedan de 250 dólares, regalos por un valor superior a los 100 dólares, compras de inmuebles, valores, objetos artísticos, animales y plantas con un valor de más de mil dólares, relación de trabajos anteriores e ingresos... de tal modo que si un abogado, por ejemplo, pasa a ocupar un alto puesto político, está obligado a entregar una relación de sus clientes que le hayan pagado más de cinco mil dólares. Recientemente se han endurecido estas normas.

El arma más eficaz para combatir la corrupción pasa por la transparencia en las actuaciones, el acceso a la información pública y en la obligatoriedad de normas que encaucen el "buen gobierno".

En esta línea, pero con considerable retraso respecto a las normativas de Estados Unidos y de algunos países europeos, hay que entender nuestra Ley de Transparencia (19/12/2013), que fue aprobada, con dificultades, en el Congreso. La Ley consta de 40 artículos y disposiciones finales y trata de mejorar sustancialmente la participación ciudadana y la calidad democrática como herramienta contra la corrupción.

Es destacable que, por primera vez, se dio rango de ley a los principios éticos de actuación para los miembros del Gobierno, Administración del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y la exigencia de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, responsabilidad en sus actuaciones. La aplicación se extiende al Congreso, Senado, Casa del Rey, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Banco de España, partidos y asociaciones, empresas con contratos públicos y una larga casuística.

En el ámbito económico se imponen sanciones a quienes comprometan gastos y ordenen pagos sin los créditos suficientes en los correspondientes presupuestos. La capilaridad de la corrupción parece infectar a la sociedad entera, en el ámbito público y privado. Tal parece que es consecuencia de un virus endémico y al margen de las circunstancias del momento.

Es lógico que haya un clamor generalizado para que los partidos formalicen un pacto de Estado contra la corrupción y de esta forma el trabajo político, legislativo y judicial sea más efectivo.

En todo caso, la solución para erradicar la corrupción, incluye fomentar la propia educación de los ciudadanos, de tal forma que la vean como algo absolutamente ilegítimo, insolidario, penalizable y de claro rechazo a cualquier tipo de corrupción, política incluida.

Rechazo sin hipocresías. No vale cargar las tintas al contrario y absolver a los propios con mil disculpas. Lo sucedido en estos días a propósito de los ERES andaluces es un triste ejemplo de que la ética política está debilitada y hace falta más control.

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