Dicen de la flamante alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que es una mujer de alto nivel intelectual. Sin embargo los socialistas de Carmona ya empiezan a echarse las manos a la cabeza sorprendidos y alarmados por las primeras actuaciones de la regidora de ese monstruo de ciudad que es Madrid, con un PIB superior al de Portugal entero y una deuda que alcanza los seis mil millones. Transcurridos cuatro días desde la constitución de las nuevas corporaciones ya hay muchos que afirman que su inexperiencia en la gestión unida a sus gratuitas promesas de campaña, que no podrán verse cumplidas en su mandato, harán que no agote su legislatura porque, además, encabeza una lista de un partido del que no forma parte y que, en su momento, puede retirarle su confianza.
Fuera del patrón de la política tradicional y según sus propias palabras en el inicio de la legislatura sus prioritarias actuaciones serían el alimentar a los niños menores de trece años y la creación de la prometida oficina contra el desahucio. Siendo loable y plausible la primera de estas medidas, no lo es tanto la segunda que llega a constituir un verdadero atentado contra el estado de derecho, la separación de poderes y el imperio de la ley. Es aquí donde ponemos en entredicho ese elevado nivel intelectual de la novata mandataria. A no ser que esa cacareada oficina vaya a dedicarse a pagar las deudas de los futuros desahuciados o, alternativamente, procurarles una vivienda digna que les aloje en un tiempo prudencial entretanto apañan su situación. ¿O realmente pretende vetar la ejecución de una sentencia judicial, siendo juez y miembro del órgano supremo, como lo fue? Carmena se ha colado, como también lo ha hecho a las primeras de cambio su homónima de Barcelona, Ada Colau, que pretende paralizar las actuaciones de la fiscalía barcelonesa en asuntos que no incumben a su posición como alcaldesa y son sólo competencia de la profesión judicial.
Los apoyos socialistas recibidos para que estas candidaturas hayan podido hacerse con las alcaldías de las más importantes ciudades españolas, tarde o temprano habrán de pasarles factura. A menos de seis meses de las generales, los pactos suscritos podrán suponerles un trágico fracaso o, en el peor de los casos, que Podemos los engulla.
