Una de las máximas de la política sostiene, cuando se realizan promesas, que lo que no tiene partida presupuestaria no existe. La minería parece cerrar el círculo de su clausura. Primero se debió adoptar una decisión política, después diseñar una estrategia para aplicarla en diferido, con disimulo y en el tiempo, y para todo ello hay que disponer de las cuentas. El tercer paso, después de que los dos anteriores se vayan cumpliendo de forma inexorable, también está resuelto. El Gobierno de Rajoy coló en los números presentados en el Congreso al aprobar la flexibilización del sistema de prejubilaciones los números para determinar cuánto le costaría poner el candado a las minas de interior privadas el próximo año. Poca cosa, es más, ahorraría. El coste laboral es de 44,5 millones, pero como no se repartirían los 73 millones de ayudas a la producción, pues el saldo favorable al cierre es de casi 30 millones. Veremos si se hace, las cuentas ya están echadas.
