En el referéndum de 1978, la Constitución española fue aprobada en Cataluña por el 88% de los votantes. Con una participación del 67%. Es decir, una abrumadora mayoría de catalanes aceptaba entonces el texto constitucional. Sin embargo, ese gran apoyo ciudadano no fue correspondido por los sucesivos gobiernos catalanes, que pronto empezaron a incumplir los preceptos constitucionales. En un obsceno juego político primaron otros intereses, y la bola independentista fue creciendo, entre otras causas, por las concesiones del gobierno de España, así como por su débil respuesta ante el creciente desafío nacionalista.
El ilustre filólogo e historiador, Ramón Menéndez Pidal, escribió en los años treinta del siglo pasado que los embates nacionalistas resurgían con fuerza "cuando las fuerzas de la nación se apocaban extremadamente". Y los intentos separatistas de Cataluña se repiten desde el siglo diecinueve coincidiendo con esa endeblez de las estructuras estatales.
En marzo de 1873, cuando apenas había transcurrido un mes de haberse proclamado la Primera República, los federalistas exaltados nombraron a Baldomero Lostau presidente del Estado catalán dentro de una federación española. Incluso se llegaron a convocar elecciones para elegir a los diputados del nuevo Estado. Pero bastaron unos cuantos telegramas desde Madrid para desbaratar una insurrección que sólo duró dos días y que tuvo lugar en medio de "horribles discordias nacionales", con tres guerras civiles simultáneas: la guerra carlista en el Norte, la guerra de los diez años en Cuba y los desastrosos episodios cantonalistas en varias regiones españolas.
La segunda tentativa fue protagonizada por el presidente Francesc Maciá el 14 de abril de 1931, una hora después de haber anunciado desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona la llegada de la Segunda República. Maciá proclamó esta vez la República catalana, pero pronto renunció al "Estado propio" a cambio de que se aprobara un Estatuto de autonomía y de que el Gobierno catalán recobrara el nombre de Generalidad: reivindicaciones que fueron reconocidas.
Siguiendo con la Segunda República, en 1934, tras estallar el movimiento revolucionario de octubre, el nuevo presidente de la Generalidad, Lluis Companys, volvió a proclamar el Estado Catalán con este contundente mensaje: "Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno catalán, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas". No deja de ser llamativa, en esos años, la expresión "obediencia absoluta".
En tales circunstancias, el presidente de la República española, Alejandro Lerroux, declaró el estado de guerra. Se libró una dura batalla en Barcelona, con casi medio centenar de muertos, siendo detenidos Companys, los consejeros de la Generalidad y varios concejales de Esquerra. Esta tercera aventura duró unas diez horas.
En las elecciones autonómicas de este domingo, que los soberanistas, por arte de magia, han convertido en plebiscitarias, la historia y el presente se vuelven a enredar una vez más de forma perversa. Así, en este endiablado embrollo secesionista se vuelven a mezclar sentimientos, intereses, corrupciones, populismos, deslealtades, victimismos de toda índole, escenografías impactantes, confusas propuestas políticas y urgencias empresariales de última hora.
De cualquier modo, constitucionalmente, ningún poder autonómico puede declararse soberano de forma unilateral, ya que esa prerrogativa le corresponde en exclusiva al Estado. A todos los españoles. Y la obligación primordial de todo Estado es mantener la integridad territorial, sin la cual dejaría de tener sentido su viabilidad. (Ahora bien, lo que pase en el futuro pertenece al mundo de la profecía)
Ortega y Gasset auguraba hace ochenta años que, si en España se debilitara gravemente la soberanía del Estado, "iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional". Y la historia suele ser despiadada con este tipo de fracasos.
