La defensa de las térmicas está contaminada por la política, de ahí que algunos argumentos entren en contradicción. Por ejemplo: el de afirmar que el Gobierno central tiene armas jurídicas suficientes como para frenar el desmantelamiento de las instalaciones de Lada. Es obvio que no es así y el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lo ha dejado claro. La actual legislación únicamente faculta al Ejecutivo a impedir el cierre de instalaciones de generación de energía si ello pone en riesgo el suministro al país. Lo afirma la ley vigente, que establece que "el cierre definitivo de instalaciones de generación requerirá el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad del suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro".
Pero aquí no se habla de que por adelantar el cierre de las térmicas España vaya a tener problemas de electricidad, sino que su clausura obligará a recurrir a otras fuentes de generación más caras a la hora de fijar los precios, que elevarán la tarifa de la luz y que impactarán en la competitividad de las empresas. De ahí que el Ministerio haya recurrido a un decreto para tratar de "colocar" ese nuevo criterio. Lo ha hecho por la soledad con la que encara este asunto en el Congreso, sin el apoyo de los socialistas.
La mejor arma para frenar el cierre sería que una ley incluyese como argumento contra la clausura su impacto en el precio de la luz. Para eso es necesaria una mayoría parlamentaria que no se vislumbra con la actual posición de la dirección federal del PSOE. Los sindicatos, pues, deberían llamar a otra puerta para pedir soluciones. El problema es cuando esos mismos sindicatos que urgen soluciones están tras esa puerta que podría darlas.
