En cinco días hemos pasado de escuchar a la ministra Teresa Ribera hablar del cierre de las minas a ofrecer diálogo para negociar el futuro de los territorios mineros. La escasa prudencia del estreno en su cartera ha dado paso a una mayor sensibilidad. Esperemos que no sea un mero cambio retórico, porque el futuro de decenas de miles de familias está en juego.
La lucha contra el cambio climático y la transición hacia un modelo energético más sostenible son objetivos que compartimos. El problema está en cómo conseguirlo o, mejor dicho, cómo algunos sectores del IBEX35 utilizan el carbón como el chivo expiatorio para blindar otros negocios inconfesables.
Desde hace tiempo se ha puesto en marcha una campaña de criminalización del carbón diseñada por uno de los lobbys más poderosos (y peligrosos) de este país, el nuclear. El oligopolio eléctrico sigue mandando mucho y sus intereses han dictado una parte importante de nuestra historia reciente.
Sólo así se comprende que pase tan desapercibido que países como Alemania no sólo no renuncian al carbón, sino que están abriendo nuevas explotaciones. De hecho, alrededor del 40% de la electricidad procede del carbón. O que el viceministro de Energía polaco anunciara hace unas semanas, según publicaba este mismo periódico, que el carbón se mantendrá como la principal fuente de energía de ese país durante los próximos años.
Algunos se apuntan ahora al discurso de las energías renovables desde la más absoluta hipocresía. No lo hacen porque apuesten por la energía eólica o la fotovoltaica, sino para utilizarlas como coartadas y colarnos por la puerta de atrás otra ración de centrales nucleares. Ya saben ustedes, estas centrales no emiten CO2, aunque tienen el pequeño inconveniente de generar residuos radiactivos para los que no se ha encontrado hasta la fecha solución alguna. Por no hablar del enorme peligro que suponen porque aún tenemos cercano el accidente de Fukushima, que se produjo en el país con la tecnología nuclear más avanzada del mundo.
No podemos olvidar que España tiene un parque nuclear obsoleto. Y bajo las mesas de los despachos oficiales hay presiones para prorrogar sus contratos. Como suele ocurrir en estos casos, para estimular a la opinión pública no hay nada mejor que el discurso del miedo, así que la poderosa patronal advierte del peligro de caos eléctrico y apagones si se cierran estas centrales. De lo que no suele hablar mucho es de los riesgos de usar instalaciones viejas y la seguridad de las centrales españolas, un tema tabú gracias a su chequera.
También resulta más cómodo para el oligopolio eléctrico criminalizar de todos los males a la industria minera que hablar de otro de sus negocios redondos: la gallina de los huevos de oro de los ríos españoles. En España hay más de 20.000 MW hidráulicos, la inmensa mayoría en manos privadas. Según los datos de 2010 (es muy difícil encontrar datos sobre este chollo de las eléctricas), las compañías pagan entre 10 y 20 millones de euros al año al Gobierno mientras, de media, en los últimos años han conseguido alrededor de 1.000 millones anuales de beneficios con este sistema. Estamos ante un auténtico expolio a las arcas públicas.
Resulta difícil de comprender cómo puede ser que presas construidas durante la dictadura, o incluso en tiempos de Primo de Rivera, y que no pagan el agua que usan, generen enormes beneficios caídos del cielo, nunca mejor dicho.
¿Y por qué continúan en manos privadas cuando se podría gestionar de forma pública y revertir los beneficios para financiar las políticas públicas que tanto necesita este país? En los últimos años, el Estado únicamente ha cerrado la reversión de una central en toda España. Se trata de la planta de Pueyo de Jaca, en el Pirineo, donde la Confederación Hidrográfica genera electricidad con un coste inferior a un céntimo por kilowatio.
Estoy convencido que la nueva ministra de Transición Ecpológica, además de negociar con las comarcas mineras, será capaz de poner fin a la barra libre del oligopolio eléctrico, que es quien escribe la letra pequeña del cierre de la minería.
