Hay una teoría jurídica que entiende que la aplicación estricta de toda la normativa que afecta a una sociedad lleva a ésta al colapso. O sea, que si cumpliéramos al pie de la letra cada una de las miles de normas y, además, la autoridad nos exigiera constantemente ese íntegro cumplimiento, adiós muy buenas.
El bochornoso incidente de la consejera de Cultura, Berta Piñán, a la que se impidió hacer su discurso en asturiano en la Junta del Principado es un ejemplo de lo antedicho, del despropósito al que se puede llegar cuando alguien se pone rígido en el cumplimiento de la ley -de alguna ley, porque sobre otras no se aplica la misma tensión-.
Objetivamente, que en el parlamento de Asturias no se pueda hablar en asturiano es una soberana idiotez. Entendería la queja si el suceso aconteciera en Murcia o Canarias. ¡Pero en Asturias! Es más, la argumentación de una supuesta falta de comprensión por parte de la bancada de la derecha, lo que haría necesaria intervención de traductores, deja en un penoso lugar a los autores de la reclamación: asturianos en Asturias que no entienden -ni quieren entender- el asturiano. Hace falta ser palurdos.
Sea oficial o no, lo mínimo exigible a un parlamentario asturiano es un correcto conocimiento de la lengua autóctona o, al menos, el propósito de ello. Pero despreciar la lengua de tu tierra de la manera en que se acaba de hacer es un acto miserable que dibuja con gran precisión la mentalidad de los prohibicionistas: la carcundia personificada.
Que en Asturias alguien, incluidos los parlamentarios y miembros del Gobierno, se exprese en asturiano debería ser tomado con absoluta normalidad y es problema del oyente -que dice no entender nada- su falta de comprensión. Que yo más bien creo que se trata de falta de entendederas.
Qué cortedad mental. Qué ganas de polemizar mientras Asturias se va diluyendo como un azucarillo. Qué pena que algo así, hablar en asturiano en Asturias, pueda ser prohibido. ¡Ay si fueran tan escrupulosos con todo el cuerpo normativo!
