Queramos verlo o no, el relator de la ONU para la pobreza extrema acaba de darnos un buen tirón de orejas. Hay personas en España que viven en condiciones tercermundistas. Y lo más inquietante de las conclusiones de este individuo es su afirmación de que esta situación tan insoportable e injusta parece deberse a una intencionalidad política o, en traducción libre, a la voluntad de la autoridad, que sabe lo que pasa y no hace nada para resolverlo.
Por ejemplo, en las periferias de Madrid, hacia el Sur, perduran desde hace decenas de años unos asentamientos que son justamente lo opuesto a lo que se supone en una sociedad desarrollada. Y algo similar sucede en la mayoría de nuestras ciudades, en las que no faltan las barriadas en las que "la solución habitacional", que dicen los cursis, es la infravivienda, una chabola, un tendejón, una ruina. Y allí viven niños, jóvenes, ancianos, si a eso se le puede llamar vivir. A las afueras del primer mundo, a cinco minutos en coche de nuestras confortables residencias.
Hoy el problema estriba en que tras tantísimo tiempo consintiendo, cuando no promoviendo, la expansión y consolidación de guetos y áreas de exclusión, meterle mano al asunto se ha convertido en una tarea monumental. De ahí que la práctica habitual sea la pasividad, mirar hacia otra parte, ignorar y, en caso de que la inmundicia rebose y llegue al centro, taponar. Pero de resolver, nada de nada.
El informe del enviado de la ONU debería ponernos la carita colorada de vergüenza y hacer que, de una vez por todas, trabajemos en la solución de algo intolerable.
