¿Oportunismo político?

Recojo de dicha publicación el párrafo siguiente: "El diputado de Podemos Daniel Ripa y el abogado de la formación, Alberto Suárez, consideran que "por primera vez en la gestión de los fondos mineros se señala a responsables políticos que no han hecho de manera consciente un control de la gestión". (?) Más adelante se puede leer: "Daniel Ripa indicó que en realidad el informe del Tribunal de Cuentas constata "lo que toda Asturias pensaba", y es "que la gestión de los fondos "fue un auténtico desastre". El diputado podemista añadió también que "es evidente que las cosas se hacían así porque el Principado quería que se hiciesen así".

Dicho lo que precede quiero recordarle al diputado señor Ripa que se olvida de decir que el 15 de junio de 2016 recibieron (al igual que todos los grupos parlamentarios) un escrito, en el cual, este suscribiente en nombre propio y como miembro de la Plataforma de Defensa del Medio Ambiente del Valle del Nalón solicitábamos en aplicación del artículo 23.1 de la Constitución Española y para que ustedes (diputados, amparándose en el artículo 14.1 del reglamento de la Junta General, pidiesen información y copia de los proyectos gestionados por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) respecto de las empresas que hayan recibido subvenciones en Asturias de los Fondos Mineros correspondientes a las resoluciones del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras entre los años 2000 y 2010. Así, como también, copia de los expedientes con la documentación que hayan aportado para tener derecho a percibir las subvenciones.

Tengo que recordarle al señor Ripa y a los responsables de todos los grupos parlamentarios en la Junta General que a día de hoy no han tenido la consideración ni el respeto a contestar al escrito de 15 de junio de 2016 para facilitarnos información alguna respecto a lo solicitado, incumpliendo, con esta actitud, el reglamento de la Junta General y la Constitución Española.

Señor Ripa, con el mayor respeto, me tomo la libertad de sugerirle a usted y demás responsables de los grupos parlamentarios que vayan al registro de la Junta General y busquen (entre muchos escritos que se les ha enviado) los escritos dirigidos a la Mesa de la Cámara el 21 de diciembre de 2011, el 28 de marzo de 2016, el 3 de mayo de 2017, el 6 de febrero de 2019, el 26 de julio de 2019, el 19 de diciembre de 2019 y comprobaran lo siguiente: que lo que dice en su informe el Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades de los Fondos Mineros tiene grandes similitudes con lo expuesto en nuestros escritos de denuncia en los órganos de la Junta General y que ustedes y otros parlamentarios de legislaturas anteriores han obviado injustamente.

Comparto el criterio del señor Ripa respecto a lo que dice: que "es evidente que las cosas se hacían así porque el Principado quería que se hiciesen así". ¡Claro que sí, señor Ripa!, que las cosas se hacían así porque el Principado quería que se hiciesen así; pero ustedes, (todos los grupos parlamentarios) han sido supuestos cómplices por el silencio que han mantenido, evitando con este silencio que las peticiones de denuncias se tramitasen por los cauces reglamentarios y constitucionales obligándonos a emprender el camino por la vía judicial y constitucional, amparándose, en interpretaciones (supuestamente) manipuladas de las leyes para evitar la intervención y control político de sus actuaciones.

Las intervenciones judiciales tienen una finalidad y que es necesario emprenderlas cuando el contexto lo permita y no utilizarlas para evadirse de las responsabilidades políticas que deben ser ejercidas para investigar si existen complicidades y procesos políticos y parlamentarios irregulares, si existen servidumbre políticas y si existen privilegiados que se benefician de sucesos que causan escándalo y vergüenza. En base a estos indicios expuestos, es la pretensión que tenían y tienen los escritos que más arriba se citan y, que la Mesa de la Cámara ha obviado en varias resoluciones de dar el trámite correspondiente tal como establece el Reglamento de la Junta General y los preceptos que emanan de la Carta Magna, y, entre esos preceptos, cabe señalar los artículos 14 y 23.1 de la Constitución Española que marcan claramente su significado.

¡Cumplan ustedes, señores diputados, estos preceptos constitucionales!