Salud, economía y política forman un triángulo de vértices afilados. Manejar y conjugar lo tres conceptos sin estridencias, al menos en este país nuestro, es labor imposible. El PP, los nacionalistas vascos (PNV) y los independentistas catalanes muestran su rechazo a prolongar el estado de alarma, el instrumento constitucional que nos ha confinado en casa para evitar la expansión del maléfico COVID-19, en contra de las intenciones del Gobierno. Algunas comunidades autónomas -Galicia, Madrid, País Vasco y Cataluña- quieren el mando y el poder de la desescalada, para manejarla de forma flexible en sus territorios. La decisión final que se adopte debe ser prudente, mantener las condiciones que nos han llevado al descenso de muertes y contagios, con el esfuerzo titánico de los ciudadanos y sin riesgo de peligrosos pasos atrás.
