Últimamente, casi todas las cadenas de televisión de España están dando vueltas a lo mismo: la ocupación de viviendas, sin explicar que tenemos que diferenciar entre un allanamiento o una usurpación. Se mete en el mismo saco todas las denuncias siendo delitos completamente distintos y con consecuencias legales también diferentes.
El allanamiento es un delito grave penado hasta con dos años de cárcel, que implica que alguien entra sin permiso en una vivienda (primera o segunda residencia de quien pone la denuncia) con o sin intención de permanencia. El mejor ejemplo es el ladrón que entra a robar y que sabe a lo que se expone. Si la intención es la de permanecer en la vivienda, ante estos casos la justicia siempre da la razón al propietario y la Policía actúa, como mucho en 24 horas, incluso a veces sin llegar a esperar una resolución judicial.
El delito de usurpación de vivienda consiste en entrar en un inmueble ajeno, sin consentimiento de su legítimo propietario, y con vocación de permanencia. Estas viviendas no constituyen "morada habitual" de su propietario, y suelen ser casas abandonadas, vacías, en construcción, etc. Se considera delito menor y de cometerlo se sancionan con una multa.
Mirando datos estadísticos en España, en el año 2013 hubo 200 condenas por ocupación, frente a las 2600 del año 2019. Estas cifras apenas han variado un cinco por ciento en el año 2020, pero las televisiones repiten la noticia sin cesar. Es un problema que se ha sobredimensionado este año.
Y la razón de esta sobredimensión puede estar en que la mayoría de las noticias que se escuchan por la televisión, son de ocupaciones de viviendas propiedad de fondos buitres o bancos (pisos vacíos que fueron previamente desahuciados), y "ellos" están interesados en crear alarma social. Pero hay que recordar que estas ocupaciones se consideran usurpaciones, es decir, delitos menores.
Para reforzar estos datos tenemos la opinión de dos jueces sobre la situación de los casos de ocupación que se dan en sus distritos: Jorge Fernández Vaquero, Juez conservador portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria "La legislación ofrece instrumentos de sobra para actuar contra la ocupación, no existe ningún desamparo". "Eso de que te vas de casa, vuelves y hay gente, nunca lo he visto, es excepcional, no tiene sentido. Es que los propios okupas buscan casas abandonadas donde tengan menos problemas, por eso van a casas vacías de bancos, eso tiene menores efectos penales, porque es usurpación, no allanamiento".
Otro juez, Adolfo Carretero, Juez titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid dice: "Llevo veintisiete años en los juzgados y no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular, todos son de bancos u otras entidades. Es mentira que no se pueda actuar, si el dueño presenta el título de propiedad, es desalojo cautelar en el acto, y en el juicio ya se verá."
Además, en las denuncias por usurpación tienen que ver bastante las mafias, el 13 por ciento lo realizan estos grupos organizados llegando a cobrar hasta 2.500 euros a las familias necesitadas para traspasarles una casa ocupada, con la luz y el agua enganchada. El negocio llega a tal punto que algunas de estas mafias se anuncian en portales inmobiliarios; en los que también han aflorado otras empresas que prometen mediar con los ocupas y de facto desocupan con métodos bastantes discutibles. Gente que cobra por echar ocupas sin ser autoridad ni nada que se le parezca.
De todas maneras, me gustaría recordar que en España los "ocupas" son familias que actúan solas o con ayuda de amigos y que casi todas reconocen usurpar una vivienda como último recurso tras haber agotado todas las soluciones alternativas. Detrás de todo este problema, en realidad lo que existe es una carencia de viviendas sociales y dificultad de acceso a la vivienda por los bajos salarios y los altos precios, tanto de compra como de alquiler.
España tiene a día de hoy la tasa más raquítica de alquileres sociales de Europa, por detrás de Grecia, Chipre, Rumania y Letonia. Apenas el 2% de las viviendas disponibles se destinan al alquiler social. Una tasa ridícula si se compara con el 17% de Francia, el 24% de Austria o los Países Bajos donde tácticamente un tercio de los alquileres se reservan para familias de bajos recursos. La falta de viviendas sociales es un problema que va en aumento desde la crisis anterior (2008).
Un estudio de la Fundación Alternativa señalaba en el 2019 que la demanda potencial de viviendas es de un millón y medio y que podía llegar a los dos millones y medio en el 2030. Este informe se redactó antes de la pandemia, que amenaza con dejar en la cuneta, y por tanto, privar del acceso a la vivienda a miles de familias.
La política del miedo a la ocupación está promovida por la extrema derecha basándose en la mentira, y haciendo del Parlamento, más que un lugar de trabajo, un lugar de exaltación de los hooligans de estos partidos de la extrema derecha, a la que por desgracia se está sumando el PP y no nos dejan avanzar en leyes como los presupuestos u otras, que son imprescindibles para los ciudadanos.
