Las vecinas y vecinos de La Camocha en riesgo de perder su vivienda tras años y años residiendo en las mismas, recibieron en el último pleno muchas palmaditas en la espalda diciéndoles que les apoyaban, pero estupefactas se quedaron cuando el partido que se dice socialista y obrero, se abstuvo basándose en que no se puede. Más bien yo diría que no quieren, y se ponen, no al lado del vecindario, sino de lado ante un problema grave de vivienda.
Tirando balones fuera, diciendo que no tienen competencia - algunos pensamos que es más por incompetencia- , y tirando de argumentario de pésimo gusto. Se ponen al lado de los desahucios, y eso no representa nada de cambio. Eso es continuar con políticas que estamos sufriendo desde hace años donde se desahucia a las familias sin alternativa habitacional, donde se rescataron bancos y autopistas y nadie miró para la ciudadanía a la que les robaban sus viviendas después de robarles su puesto de trabajo gracias a las dos reformas laborales: la reforma laboral que empezó el PSOE, y la reforma laboral que continuó y endureció el PP. Tanto monta, monta tanto.
El problema de las vecinas de La Camocha está generado por el pufo tras la estafa de tres directivos de la empresa Mina La Camocha que finalmente fueron condenados. Unos robaron y a otros les quieren hacer pagar. Cerraron la mina, les dejaron sin un empleo - y sin alternativa a los empleos finiquitados- y ahora les quieren dejar sin sus hogares.
Vivimos en un país donde no se protege realmente a las personas ante a las injusticias, donde quienes nos estafan, en ocasiones, se salen de rositas o, como en este caso, son condenados. Pero las consecuencias parece que van a asumirlas quienes nada tienen que ver con esta situación. Tocando además sus hogares, parte de sus vidas, un derecho, el derecho a la vivienda, que España ha vulnerado y no ha tomado las medidas adecuadas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU exigía. Viviendas que eran almacenes y que sus inquilinos con mucho esfuerzo transformaron en auténticos hogares, viviendas ahora convertidas en meros activos, mercadeo.
Se necesitan soluciones y no buenas razones. Soluciones que son imposibles si no se quiere mover un dedo por parte del Gobierno del Principado para explorar todas las vías posibles para intentar parar tal injusticia.
Hablamos de 37 familias, donde unas 13, a pesar de estar pagando durante años los gastos de las viviendas, la administradora concursal no considera que han acreditado su ocupación. 22 familias más tienen contrato de arrendamiento vitalicio, pero no se fían, visto lo visto, hasta que realmente quede blindado documentalmente y garantizado que nadie les puede echar de sus viviendas.
No es fácil el camino, cierto, lo sabemos, y sobre todo lo saben quienes están afectados. Pero La Camocha siempre ha sido un barrio luchador, donde nada ni nadie les ha parado en la lucha por sus derechos, y donde Ciñera les da luz, una pequeña esperanza, y abre una vía más que interesante. Una opción especialmente para quienes no les reconocen como residentes en las viviendas.
En Ciñera, hace dos años, con una situación similar, la Junta de Castilla y León, no solo compró las viviendas de las personas que no podían afrontar la compra de las viviendas, sino que finalmente compró un pueblo entero.
Pero el PSOE se cierra, dice que no es posible, y enmendó la propuesta donde se pedía que el Gobierno autonómico comprara las viviendas para luego cederlas a sus actuales ocupantes. La enmienda del partido que se dice socialista añadía que esta compra también pudiera ser realizada por el Ayuntamiento de Xixón y que se siguiera el decreto de adjudicación de viviendas del Principado para su cesión posterior. Toda una contradicción. ¿se puede o no se puede? ¿o solo no se puede si compra el Principado y se adjudica en base a la circunstancia excepcional y no según dicho decreto?
Si de verdad queremos un cambio, este no puede pasar por apoyar desahucios. Así no. Hechos son amores y no buenas razones.
