Está de candente actualidad el tema de la renta social para ayuda humanitaria y compra en comercios locales, en el ayuntamiento de Gijón y en su contexto asturiano. Los comerciantes beneficiados, según determinados criterios, naturalmente están a favor de aumentar sus ingresos sea de una manera u otra. Las críticas políticas vienen de quienes ven en ello oportunismo para la carencia de hoy, e ineficacia para prevenir la carencia de mañana. En una primera aproximación casi todos estaremos a favor de una ayuda si es necesaria y posible, para poder paliar una situación objetiva y grave. También la otra cara de la moneda recuerda ese famoso dicho: no me des un pez, enseña me a pescar, pasando pues del parche, limosna actual, y el mismo problema después, a contribuir a la solución real de la situación a medio plazo. Decir que somos mejores por el mero hecho de gastar más puede ser tan populista como irresponsable. No hay viento favorable para el barco de vela que no sabe a qué puerto va. Debemos identificar las prioridades.
Esta circunstancia tiene también dos riesgos. El primero interno, la mala utilización del recurso, si no se controla lo suficiente, caldo de cultivo para tentar mediante la picaresca a hacer un uso abusivo de la generosidad municipal. El segundo de carácter externo, el denominado efecto llamada. Si en este municipio dan más ayudas que en otros a cambio de nada, parte de la población puede desplazarse de manera temporal o permanente a dicha localidad, para beneficiarse de la circunstancia, y además de cobrar sin trabajar en el presente, desalentaría el encauzar un trabajo productivo en el futuro. Así pues el objetivo no debe tender a estancar en el subsidio, se trata de tapar grietas pero sobre todo de impulsar oportunidades, con especial atención a jóvenes sin ingresos familiares y mujeres contrastadamente maltratadas. Estos receptores por ecuanimidad deberían justificar una búsqueda activa de empleo o estar disponibles para tareas de utilidad social, ya sea protección civil municipal o acompañamiento de ancianos?
¿Cómo conjugar ambas posturas? Hay que analizar hasta qué punto determinadas políticas son competencia municipal o autonómica, qué consideramos umbral de pobreza severa para los beneficiarios, y qué capacidad presupuestaria hay para financiarlas. Pagarle el recibo de la luz a una familia no es competencia municipal, bajarle las tasas por agua o recogida de basuras sí. Polemicemos si hay que presupuestar cinco millones o diez anuales, cuánto para qué. Mejor gastar el dinero en echar un cable a parados o jubilados con bajos recursos, que en arreglar las fachadas de las casas de personas de clases medias o altas. Para comprar potitos o pañales para bebés o ancianos parece razonable, para comprar un frigorífico o lavadora cada cinco años en vez de diez, pues no. Sería preferible talleres municipales no solo para realizar obras puntuales, sino también para capacitar a los participantes para obtener trabajos posteriores. En cualquier caso la mejor política social es la política económica eficaz que genera riqueza.
