Recientemente, LA NUEVA ESPAÑA informaba sobre la detención de Ángel Hernández por ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco afectada por una esclerosis múltiple en fase terminal, con discapacidad del 81% y un cuadro de dolor intratable con morfina. En virtud de ello, la paciente solicitó la ayuda de su marido en reiteradas ocasiones para poner fin a ese sufrimiento y alcanzar una muerte digna; porque, según manifestó en un vídeo previo al desenlace (hecho público posteriormente), "estaba muerta en vida".
Según parece, esa dramática decisión se demoró todo lo posible con la esperanza de que fuera legal y no infringiera el artículo 143 del actual Código Penal; pero, sea por desidia o clara pasividad, nuestros legisladores todavía no han promulgado una Ley que regule la eutanasia; generando obvia decepción en parte de la ciudadanía.
Comentada la noticia, deseo efectuar una breve reflexión sobre este controvertido tema: Como médico, defiendo la vida hasta el límite de lo humanamente razonable, en virtud del juramento hipocrático y su lema de: "Ante todo, no causar daño al paciente".
A tal efecto, procede trazar "la línea roja" que separa tratamientos éticamente correctos de gestos terapéuticos extremos e ineficaces, privando al paciente de una muerte digna. ¿Es lo mismo retirar un tratamiento al paciente terminal hospitalizado que colaborar, a su expresa petición, en un desenlace domiciliario? La respuesta jurídica está en el aire.
A mi juicio, el "derecho a vivir" no puede convertirse en "obligación de vivir", si ello implica al paciente un daño y sufrimiento por dolor intratable o indigna calidad de vida.
Dicho lo cual, creo que la postura de inflexible inmovilismo manifestada por la Iglesia Católica en relación a la eutanasia puede haber repercutido notablemente sobre nuestros legisladores para demorar cualquier posible reforma de su vigente ilegalidad.
Personalmente, pienso que las leyes de un Estado de derecho, democrático y laico deben ser promulgadas pensando en todos los ciudadanos destinados a acatarlas, al amparo de sus derechos constitucionales y prescindiendo de sus posibles convicciones religiosas.
En consecuencia, entiendo que una persona profundamente religiosa decida renunciar libremente a una "muerte digna" por dichas convicciones y que soporte una agonía con sufrimiento hasta alcanzar su muerte natural.
Sin embargo, ello no debería repercutir en quienes se consideren libres para decidir el fin de este sufrimiento, si tienen una certeza médica de que su dolencia es incurable y descartan totalmente expectativas de mejoría.
Tan respetable es una postura como la otra y, por ello, nuestro Código Penal debería ser reformado para legalizar una eutanasia selectiva, concedida y realizada en situaciones excepcionales ante la presencia de un Juez, a petición de un(a) paciente con sufrimiento por una enfermedad incurable, certificada en fase terminal intratable por varios médicos.
En definitiva, la controversia sobre la eutanasia ha reaparecido desencadenada por un caso puntual; aunque, considero, siempre ha sido reivindicada por un sector de nuestra ciudadanía. Es hora de que el estamento político acepte semejante reto legislativo con determinación y coherencia, sin limitarlo a un simple reclamo electoral.
