Se le atribuye a Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, la teoría de que una mentira repetida mil veces termina siendo verdad. Eso mismo deben pensar los independentistas catalanes que se esfuerzan cada día en propagar teorías absolutamente disparatadas con la esperanza de que, poco a poco, vayan calando en la sociedad.
Nos dicen que votar no es delito con la misma desfachatez que justifican sus actividades separatistas aludiendo a la obligación de cumplir con el mandato del Parlament. Ambas afirmaciones son ciertas si se realizan bajo el amparo de la ley pero no es el caso.
Votar no es delito, pero votar una propuesta de independencia declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y ejecutar las acciones posteriores para llevarla a cabo, es un hecho delictivo tipificado en nuestro Código Penal como Rebelión, Sedición, Desobediencia, Malversación? Lo mismo ocurre en los demás países de la Unión Europea. Incluso, en algunos estados, se prohíbe la existencia de partidos que persigan la secesión o que pongan en riesgo la soberanía nacional.
Del mismo modo, justifican sus actos por la debida obediencia al Parlamento de Cataluña. Es cierto que estamos obligados a cumplir las leyes emanadas de los parlamentos autonómicos. Pero no menos cierto es que, por el principio de jerarquía legislativa, estas leyes no pueden contravenir otras de rango superior. Y, en nuestro ordenamiento jurídico, por encima de las normas autonómicas, están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, toda la gama de decretos y, por supuesto, la Constitución. Pero estos señores, erre que erre?
Los dos tópicos reseñados se quedan pequeños si los comparamos con el reiterado intento de introducir, en el debate público, el derecho de autodeterminación basado en una supuesta mayoría social. Diariamente comprobamos cómo, tertulianos y políticos, entran a este señuelo con la misma inocencia que un salmón devora la cucharilla que le muestra el ribereño. Por si no ha quedado claro: los partidos secesionistas saben que, mientras tengan en sus manos la educación pública, la televisión, el resto de medios de comunicación y un presupuesto al servicio del "procés", el objetivo de conseguir una mayoría absoluta o cualificada a favor de la independencia, solo es cuestión de tiempo. Por tanto, la postura constitucionalista, no puede caer en la trampa de discutir sobre qué mayorías otorgan ese derecho, sino que debe recordar, permanentemente, que la autodeterminación no está contemplada en nuestra Ley de Leyes por muchos ciudadanos que la exijan en una comunidad autónoma. Según nuestra Constitución la soberanía reside en el pueblo español y no en una parte del mismo. Como concepto indivisible e inalienable es inherente al Estado nación en todos los países democráticos desde finales del XVIII, cuando la Revolución Francesa puso fin al despotismo ilustrado del Antiguo Régimen.
El último señuelo, y sin duda el más preocupante de todos, se llama Miquel Iceta. Revestido de socialista, es el mejor aliado del independentismo. Por si alguien tenía dudas, él mismo las ha disipado recientemente declarando, con absoluta irresponsabilidad, que cuando los partidarios de la separación alcancen el 65% de los votos, España debe ofrecerles una solución satisfactoria. No fue un error. El señor Iceta siempre se manifiesta de la misma manera aunque, en esta ocasión, le hayan obligado a rectificar por estar en periodo electoral.
El señor Sánchez necesitó a los "indepes" para llegar a la Moncloa y los va a necesitar ahora para continuar; por tanto, va a hacer todo lo que sea necesario para no irritarlos. Incluso, guardar un vergonzoso y elocuente silencio en sus mítines ante el acoso que sufren algunos partidos constitucionalistas, en los territorios llamados históricos, por defender la integridad territorial. Si se cumplen los pronósticos de las encuestas, el futuro inmediato es previsible: habrá indultos o cumplimientos penitenciarios atenuados, se llevarán otro pellizco del IRPF, tendrán un chaparrón de inversiones y recibirán parte de las escasas competencias que aún le quedan al Estado. Al final de la legislatura, seguramente los secesionistas no habrán conseguido la independencia de derecho, pero la tendrán de hecho. En otras comunidades autónomas ya toman nota para la fiesta que se avecina. Se admiten apuestas, preferiblemente cariñosas.
Las últimas veleidades del señor Sánchez baten todos los récords. Empeñado en instrumentalizar el debate electoral televisado, ha cambiado cinco veces de criterio sobre el lugar y fecha del mismo: primero en la 1, después en la 3, luego vuelta a la 1, a continuación cambio de fecha para, finalmente, verse obligado a aceptar los dos debates ante el espantoso ridículo que le supondría debatir contra sí mismo. Han conseguido doblegar su voluntad la postura firme del resto de partidos, la del grupo Atresmedia y, sobre todo, la de los profesionales de RNE y RTVE que han manifestado su rechazo al intento manipulador del Presidente. Si Cantinflas resucitara, encontraría suficiente material en la Moncloa para realizar la segunda versión de "El doctorcito".
Ante esta situación dramática pero real, es necesario que los políticos constitucionalistas firmen un pacto por la unidad del Estado, que la militancia socialista reaccione y consiga que el PSOE vuelva a ser un partido que haga honor a su última sigla, que los miembros del actual gobierno no sigan imitando a Zapatero, Pajín, Aído, Salgado, Solbes y todos los que llevaron a España al borde del rescate, y, finalmente, que los electores mediten su voto y no apuesten a la lotería el próximo 28 de abril. Y si apuestan, que tengan suerte.
