La cancelación del "IBI para ricos" anunciada ayer por la alcaldesa de Gijón, Ana González, es la primera gran secuela política y económica del coronavirus en la ciudad (luego vendrán otras muchas, empezando por las enormes pérdidas en centenares de negocios). Por un lado, el gobierno local del PSOE e IU renuncia a la apuesta más arriesgada y simbólica de su recién estrenada política fiscal, fruto de un pacto con Podemos que permitió posteriormente sacar adelante los presupuestos gracias a la abstención de la formación morada. Y, por otro, la cesión implicará reajustes en esas cuentas porque los ingresos, inevitablemente, no podrán llegar por los cauces aprobados. La eliminación del impuesto, que durante los primeros días de la crisis sanitaria se apresuró a solicitar el PP y después otros partidos, va acompañada de más medidas. Son las primeras, pero seguramente no serán las últimas. Los efectos colaterales de la pandemia ya se dejan notar.
