Mientras en países tradicionalmente liberales se ha optado por medidas económicas de corte intervencionista para paliar los efectos económicos del coronavirus, como es el caso del Reino Unido, que dará de oficio una subvención directa de entre 10.000 y 25.000 libras a 700.000 negocios de comercio y hostelería, en España, un país de tradición socialdemócrata, el Gobierno ha optado por medidas liberales, dirigidas solo a los trabajadores de empresas que cierran o "medio cierran", a través de ERTE, y ayudas por el cese de actividad para los autónomos, dejando a las empresas que decidan seguir con su actividad a la "suerte" del mercado y a que negocien con las entidades financieras préstamos avalados parcialmente por el Estado.
La solución propuesta por Sánchez ha comenzado a lidiarse ya en las oficinas bancarias, donde las pymes y autónomos que han decidido mantener su actividad y no tienen liquidez acuden a solicitar dichos préstamos sin aval anunciados.
Y en este punto es difícil creer que una entidad bancaria estará en disposición de otorgar 20.000 euros a un comercio o a una cafetería que en el mejor de los escenarios posible se verá obligada a cerrar al menos un mes, sin facturar y con deudas con sus arrendadores y empleados. Algunos bancos, que no son una ONG, pedirán que se haga un estudio de viabilidad de la pyme demandante; otros solicitarán que la petición sea analizada por un comité de riesgos en Madrid; algunas entidades concederán el préstamo exigiendo que se firme una garantía para que en caso de impago asuma el riesgo el empresario y no el Estado, e incluso las habrá que exijan la contratación de otros productos vinculados... Con todas estas trabas miles de pymes y autónomos se verán abocados al cierre aun no queriéndolo.
El Gobierno de Sánchez debería concretar más su medida y establecer mecanismos de control y transparencia. Se nos ocurren, por ejemplo, la inclusión de un formulario unificado de solicitud; que el estado de tramitación se pueda consultar online; que haya un plazo máximo de concesión; que se prohiba expresamente la solicitud de otras garantías o la venta de productos vinculados; que se premie a las entidades bancarias por el número de préstamos concedidos y no por la cantidad de estos, o que en caso de impago sea el Estado el que autoejecute su propio aval y no se persiga al administrador de la SL o al autónomo. El hecho de que el negocio estuviese abierto antes de esta crisis es en sí mismo el mejor estudio de viabilidad y la mejor garantía de la buena fe del empresario, con eso debería ser suficiente.
De no adoptarse dichos mecanismos, las entidades de desarrollo económico de las CC AA y ayuntamientos se verán obligadas a actuar como 'comisarios políticos' o informadores de la relación entre bancos y pymes, y se correrá el riesgo de que las ayudas se repartan solo entre las grandes empresas.
Para evitarlo, en el caso de Gijón, el Ayuntamiento (a través de Impulsa) debería adelantarse al problema y convocar a las entidades financieras para tratar de renovar un convenio, que ya existió con algunas de ellas, donde se establezca un código de buenas prácticas. De esta forma, las pymes y autónomos sabrán a qué entidad acudir. Se trata de ponérselo fácil a los empresarios y trabajadores por cuenta propia que, con valentía, han decidido aguantar en estos tiempos de virus.
