Los jueces lo tienen muy claro desde hace años: al margen de todas las cuestiones formales, los planes urbanísticos deben cumplir las exigencias de desarrollo sostenible que señalan las legislaciones vigentes, también la europea. De ahí que hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado el plan general de un municipio madrileño con 5.000 habitantes en el que se pretendían construir 10.000 viviendas, en un ejercicio de absoluta "incoherencia con la realidad local", según los jueces. Los tribunales daban así la razón a los vecinos que denunciaron un planeamiento urdido por el PP, que se empezó a tramitar hace 17 años y que había entrado en vigor, por silencio administrativo, en mayo de 2015. Está bien que se conozcan estas sentencias porque aún hay quien sueña con regresar a un pasado que acabó en pesadilla. Moraleja de Enmedio se llama el municipio. Un nombre perfecto.
