Que el Ayuntamiento es la corporación o consistorio formado por el Alcalde y los concejales que se encargan de la gestión y administración de los servicios públicos de un municipio, en orden a conseguir el mayor grado de bienestar de sus habitantes, es una obviedad como un templo; y que el término se utiliza como sinónimo de municipalidad o corporación municipal y que se considere como el órgano administrativo y político más cercano y próximo al ciudadano, para escuchar, atender e intentar resolver sus problemas como vecino de un determinado territorio, tanto de lo mismo. Posiblemente, muchos ignoren que su origen etimológico procede del latín, y más exactamente del vocablo "iugum", que puede traducirse como "yugo", no siempre equivalente a sometimiento, aunque a veces pueda parecerlo, sobre todo en materia tributaria?
Como se determina en la Exposición de Motivos de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Constitución garantiza el sometimiento de las Administraciones Públicas al principio de legalidad, tanto con respecto a las normas que rigen su propia organización, como al régimen jurídico, el procedimiento administrativo y el sistema de responsabilidad. Y de otra parte, la Administración Local, cuyo régimen jurídico está establecido como básico en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, tiene una regulación específica en su actual Ley de Bases, que no ofrece ninguna dificultad de adaptación a los objetivos de esta Ley, que no exige modificaciones específicas.
Escrito lo que antecede, resulta cuando menos depresivo leer en los medios de comunicación con excesiva frecuencia noticias sobre resoluciones judiciales que incitan a la duda de si en el Ayuntamiento de Oviedo se observan o no con rigor las prescripciones del ordenamiento jurídico por el que ha de regirse, al aparecer informaciones tales como:
-"Los tribunales anulan la creación del servicio de Recaudación de Oviedo" (21.12.2016);
-"El TSJA obliga al Ayuntamiento de Oviedo a subrogar a los 29 trabajadores de la Auxiliar de Recaudación" (22.03.2017)
-"La jueza anula el cambio de las 21 calles de la Memoria Histórica" . El tribunal considera que no se cumplen los criterios que exige la legislación nacional", calificando el acuerdo adoptado y declarado nulo como "un acto adoptado por el Sr. Alcalde de plano y puramente discrecional?" (20.09.2018)
-"El TSJA desestima todos los recursos del Ayuntamiento contra las viviendas turísticas" La resolución da pie a la legalización de setenta y cinco pisos que se encuentran pendientes de autorización en Oviedo (23.11.2018);
-"Varapalo judicial al tripartito por el mercado de Gascona" El juez ve "una total omisión de la defensa de los intereses públicos" por parte del Alcalde y su equipo, aprecia "desviación de poder" y envía el fallo a la Fiscalía para depurar responsabilidades penales (02.01.2019). Y así entre otras frecuentes decisiones de los órganos jurisdiccionales que ponen en cuestión, al menos para el ciudadano de a pie, que en el Ayuntamiento de Oviedo se gobierna y se dictan normas un poco "a la ligera?", habiendo escogido al azar las citadas entre otras muchas igualmente contrarias a derecho y correspondientes a la actual legislatura, aunque quede siempre la excusa de recurrir a la "herencia recibida?"
Son abundantes los pleitos con resultado desfavorable para nuestro Ayuntamiento y cabe pensar que no siempre el interés general, lo que dicta el sentido común o el procedimiento que viene de antemano predeterminado por la ley, se respete objetivamente a la hora de dictar acuerdos o establecer normas sin las debidas garantías jurídicas. Obviamente, también se dictan sentencias favorables al Consistorio, ¡faltaría más!, pero son excesivas las contrarias y en materias muy sensibles para la ciudadanía.
Y lo que no parece de recibo, salvo manifiesta prueba inculpatoria, es que el Ayuntamiento o alguno de sus preclaros ediles, hablen de un posible "sabotaje interno en el Ayuntamiento de Oviedo", "no referido a todos los empleados públicos, sino a algunos de los que ocupan los escalafones más altos", lo que es manifiestamente grave. La reciente sentencia del TSJA de 24 de setiembre de 2018, que anula la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente, por un error de forma (no incluir una memoria económica obligatoria), ha agudizado el malestar entre los funcionarios, haciéndole sospechar al tripartito que son demasiados "descuidos", ya que "el Ayuntamiento continúa con los mismos técnicos que tuvo el gobierno del PP a lo largo de 26 años y eso es sintomático y algo en lo que habría que profundizar?"
Son varias las especulaciones que cabe hacer sobre este insistente parecer del tripartito gobernante y que el lector inteligente, si alguno tengo, sabrá discernir.
