El viejo recinto industrial de La Vega contiene en este momento un valor tangible y latente mayor que el de cualquier otro espacio de Oviedo y de Asturias: como conjunto patrimonial de la industrialización, como lugar de localización estratégica llamado ostentar una nueva centralidad urbana y a cualificar al área oriental de la ciudad (junto con el Bulevar de Santuyano y otros proyectos de mejora), como posible motor de actividad y empleo en la nueva industria, en el conocimiento y en la cultura y, también, como ámbito de experimentación y aplicación de las ideas más novedosas del urbanismo sostenible (infraestructura verde, energía renovable, movilidad pacífica, innovación habitacional, usos transitorios, etc.).
Oviedo y Asturias, lastrados por una crisis económica, industrial y demográfica que se agrava cada día, necesitan urgentemente poner en valor todo este potencial para abrir las puertas a un futuro de desarrollo y bienestar, pero ello requiere como condición previa que se eliminen los obstáculos de carácter económico y administrativo que dificultan su utilización a corto plazo.
Aunque todas las administraciones tienen responsabilidad en el tiempo perdido y el patrimonio arruinado desde que la Fábrica de Armas cesó su actividad en 2012, y también en el futuro desarrollo del recinto, no cabe duda de que es la administración central, a través del Ministerio de Defensa, la que en mayor medida puede facilitar o dificultar la materialización del anhelo colectivo por recuperar y habilitar el recinto de la Vega. Y en este caso no estamos hablando de una multinacional escurridiza, de una potencia extranjera beligerante o de una entidad privada con ánimo de lucro, sino de quienes ostentan un poder público cuyo primer objetivo debe ser el de garantizar la prosperidad común.
En este sentido resulta muy preocupante que esa administración, tras no haber tomado ninguna iniciativa (siquiera de conservación de los bienes que alberga el recinto), dilate el plazo para la firma de un convenio que, por otra parte, más que de cesión sería de venta al precio de mercado del suelo industrial y trate, además, de garantizar para sí una parte sustancial de las plusvalías que se generen tras la imprescindible recalificación de los terrenos y las inversiones necesarias para su reutilización.
Teniendo en cuenta la situación económica de un ayuntamiento que ha debido hacer frente en la última legislatura al pago de deudas por un valor próximo a los ciento cincuenta millones de euros, heredadas de las anteriores corporaciones, y que debe afrontar en paralelo el desarrollo de otros grandes proyectos, también urgentes e inexcusables, como el Bulevar de Santuyano o el Viejo Hospital del Cristo, esas exigencias y obstáculos solo contribuirán a demorar la solución a los problemas acuciantes de la ciudad.
El pueblo de Oviedo no puede esperar dos o tres lustros para disfrutar de un patrimonio que legítimamente le corresponde y que necesita ya para afianzar sobre él un futuro de desarrollo y prosperidad.
