Sostiene Wenceslao López que la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de incautarse los 60 millones de los ahorros acumulados por el Ayuntamiento de Oviedo supone renunciar a 80 millones a recibir en los próximos años.
Y lo hace con el descaro de mantener que prestar 60 millones con un plazo de devolución de 17 años y tipo de interés del 0% es una excelente oportunidad para Oviedo.
El señor López, tal y como hizo en la sesión del pleno del pasado 21 de agosto, pretende tergiversar la realidad y confundir a los ovetenses, mezclando cifras y conceptos para intentar cuadrar unas cuentas que no salen, que, realmente, son cuentos.
Si el pasado viernes, el portavoz socialista, en un batiburrillo desordenado, no sabía si podrían invertirse 15, 20 ó 40 millones, afirma en su artículo del pasado domingo en LA NUEVA ESPAÑA, sin amilanarse, que son ahora 80 millones "además de otros importantes beneficios", los que se pueden invertir por la gracia del Gobierno Estatal.
Por supuesto, culpa Wenceslao de todos los males a la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, aprobada bajo un Gobierno del PP. Sin embargo, no hace referencia alguna a que esa Ley que, tan diabólica en su opinión, es la misma a la que, el RD 27/2020, promulgado por el Gobierno que comparten PSOE y Podemos, agradece que las entidades locales pudiesen enderezar sus maltrechas economías, generando superávit, que, entre otras cosas, han facilitado el cumplimiento de los objetivos de déficit establecidos para España por la UE, evitando así la intervención.
El Real Decreto 27/2020 del señor Sánchez fija de forma fehaciente las condiciones requeridas a las entidades locales: la entrega de los remanentes debe hacerse por la totalidad e ingresarse, en un pago único, en el momento en que lo requiera el Gobierno central.
La Administración central destinará, al conjunto de las entidades locales que hayan aportado fondos, un tercio de los recursos aportados con un máximo de 5.000 millones de euros. Quedan fuera del reparto aquellas entidades locales que no disponen de remanentes que, además de encontrarse en una situación financiera comprometida, no van a ver un euro del Gobierno estatal, aplicándoseles de forma categórica aquello del "tanto tienes, tanto vales".
Dicha transferencia se hará en dos tramos, el 40% a partir del 15 de octubre para cubrir gastos de este año y el 60% restante en 2021, para gastos del próximo año. Tal y como reconoció en el Pleno el portavoz socialista con esos plazos, va a resultar imposible ejecutar gasto en este año.
Quedan fuera del Real Decreto las reivindicaciones que se aprobaron, por unanimidad en la FEMP el pasado 22 de mayo: liberalización del uso de los remanentes, participación en los fondos europeos de reconstrucción, un fondo de 1.000 millones para cubrir los déficit del transporte público, un fondo para los municipios sin remanentes, etcétera.
El presidente de la Federación de Municipios, Abel Caballero, manifestó en un periódico regional el pasado 12 de agosto: "Si no se ceden los remanentes al Estado, nos los van a intervenir". La amenaza es clara y precisa.
El PSOE de López se quedó sólo en la última sesión del Pleno municipal, apoyando el Real Decreto incautador. Ni siquiera Somos Oviedo, marca local de Podemos, socio de los socialistas en el Gobierno central, se alineó con su postura. La misma soledad con la que en la FEMP, los socialistas aprobaron el acuerdo que permitía la apropiación de los remanentes por el Estado, ratificando con ello que sólo el PSOE se cree estar en posesión de la verdad en este asunto.
Demuestra Wenceslao, una vez más, que cuando se trata de elegir entre lo que conviene a Oviedo o lo que ordena el partido, siempre pesa más esto último. No sea que, como dijo Alfonso Guerra: "El que se mueva no sale en la foto".
