Éste es el año de Covadonga. La confluencia de tres aniversarios de gran simbolismo sitúa los focos sobre este espacio del oriente de Asturias tan significado por sus valores naturales, históricos y religiosos. En 2018 se conmemoran los centenarios de la coronación canónica de la Santina, la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, y de la declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, el primero de los españoles, renombrado en 1995 como Parque Nacional de los Picos de Europa, así como el XIII Centenario de la instauración del Reino de Asturias. LA NUEVA ESPAÑA dedica una serie semanal de artículos en este suplemento a esa triple conmemoración, comenzando por un análisis del Parque Nacional.
El Parque Nacional de los Picos de Europa (antes denominado de la Montaña de Covadonga) llega a centenario (la efeméride se cumplirá el próximo 8 de septiembre). Y lo hace en un momento crítico, en el que la ruptura de la fórmula de gestión conjunta aprobada en 2011 (o, dicho de otro modo, las disensiones entre las tres comunidades autónomas implicadas en el espacio protegido, cada una con una forma diferente de enfocarlo), junto con la necesidad de adaptar el modelo de gestión a la Ley de Parques Nacionales del 3 de diciembre de 2014, hacen que soplen vientos de cambio, de refundación, a los que no son ajenos los municipios: por la parte asturiana, Onís (con gobierno socialista), Amieva y Peñamellera Alta (estos dos, con alcaldes de Foro) se quieren salir del Parque, "hartos de restricciones y de la falta de subvenciones", dicen, mientras que Cangas de Onís, Cabrales y Peñamellera Baja (los tres gobernados por el PP) lo defienden pero abogan por una gestión unitaria a cargo del Estado, que implica revertir la transferencia de competencias a las comunidades autónomas (Ley 5/2007 del 3 de abril), cuya potestad defienden, a capa y espada, tanto Cantabria como Castilla y León, que, además, esgrimen los "noventa años de control de Asturias" para plantear una gestión autónoma de cada comunidad: un despropósito desde el punto de vista de la conservación y un embrollo burocrático.
Lejos ha quedado el espíritu fundacional que inspiró a Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, promotor de la Ley de Parques Nacionales y de la declaración de los dos primeros, Covadonga y Ordesa, quien veía en la creación de aquél el inicio de la "reconquista de la naturaleza". De hecho, no ha calado en España "la mejor idea de América", donde Yellowstone inauguró, en 1872, esta figura de protección. Los grandes santuarios naturales, y más el de los Picos de Europa (por estar habitado), han sido, son, sobre todo, espacios de tensiones y conflictos, algunos tan enconados como el del lobo, y de los que se espera una panacea a la profunda crisis del campo, un maná en forma de ayudas económicas. Por eso no resultan habituales declaraciones como las del alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, defendiendo que "el Parque no está hecho para recibir subvenciones, esa es una filosofía equivocada", en contra de lo que piensa el común de alcaldes y vecinos, cuyo interés en el espacio protegido se limita a los beneficios tangibles, al dinero que atrae. Un dinero, por otra parte, que no es una dádiva, sino una compensación por las restricciones de las que tanto se quejan gobernantes y gobernados (y que no son tantas: la mayoría vienen dadas por leyes generales sobre usos del territorio), y una contraprestación por unas actividades económicas respetuosas con la conservación (por ejemplo, un pastoreo compatible con el sostenimiento de la población de lobo).
Del (casi) centenario Parque Nacional de los Picos de Europa se cuestionan la gestión y, más aún, la propia figura de protección, cuyo objetivo esencial es conservar la naturaleza (especies, hábitats y ecosistemas) y, secundariamente, mantener unos valores estéticos, culturales, educativos y científicos destacados, en territorios selectos, considerados "excepcionales" y "simbólicos". Por eso, los parques nacionales "serán pocos o no serán", como expresó taxativamente Pedro Pidal con motivo de la declaración de los dos primeros (actualmente hay 15, el más reciente el de Guadarrama, de 2013). La Ley 30/2014 de Parques Nacionales es clara con respecto a la finalidad que persiguen: "la declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes y, supeditado a ello, el uso y disfrute social, así como el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas". Un mandato fácil de aplicar en la mayoría de los casos, en espacios despoblados, pero que en los Picos de Europa se complica por la existencia de núcleos de población dentro del espacio protegido y de una actividad ganadera (y quesera) que afecta a una amplia superficie del Parque y que ha dejado honda huella en su paisaje y condiciona las medidas de gestión y protección.
El conflicto ha sido parte consustancial y, a menudo, la más visible de la historia del Parque Nacional de los Picos de Europa desde que fue renombrado como tal, en 1995; no es que antes no hubiese problemas, pero con su conversión en un espacio interautonómico se amplificaron y multiplicaron. Cada una de las tres comunidades autónomas implicadas tiene una concepción distinta del Parque y, por consiguiente, un enfoque diferenciado y, más aún, discrepante de los otros. Cantabria ha apostado claramente por el desarrollo turístico, con el teleférico de Fuente Dé como insignia, mientras que Castilla y León ha mantenido una orientación cinegética que vulnera la propia Ley de Parques Nacionales, que considera "incompatible" la caza deportiva y comercial con los objetivos del espacio protegido, y un tira y afloja para mantenerla en el que, por el momento, ha salido victoriosa. Asturias, por su parte, ha puesto más el acento en la conservación, aunque con escasos efectos prácticos, sin postergar el aspecto turístico e invirtiendo en la mejora de las condiciones de vida en las poblaciones locales. Un objetivo, este último, que tropieza con el acusado envejecimiento de la población, con el abandono de los pueblos y con las expectativas de los jóvenes, muy pocos de los cuales están dispuestos a mantener los usos tradicionales permitidos en el Parque (básicamente, el pastoreo y las queserías), por más y mucho que se mejoren las condiciones de su ejercicio.
Esta coyuntura puede marcar de forma decisiva el futuro de los Picos de Europa, por cuanto la decadencia del pastoreo, con lo que supone de abandono de pastos, llevará a una modificación del paisaje, los hábitats y, a la postre, las comunidades biológicas de estas montañas. Puede dar origen, en suma, a una renaturalización de los Picos de Europa. El paisaje actual es un paisaje cultural, modelado por la actividad ganadera; no es el mejor posible, ni resultado de una labor altruista en favor de la naturaleza, sino mero resultado de una larga tradición pastoril (lo que supone un valor estimable, con un rico patrimonio cultural y etnográfico asociado). Compete a los gestores, a los políticos, a la sociedad, en última instancia, decidir si se quiere mantener ese paisaje antropizado (en el caso de que haya actores suficientes para ello) o si se prefiere dejar que el Parque evolucione hacia un estado más natural, con el avance del bosque sobre los pastos (precedido del vilipendiado matorral, un estadio intermedio y necesario en esa sucesión). Aunque cualquier decisión que se tome estará supeditada a un factor externo y global: el cambio climático, que está operando su propia intervención, su propio modelado de los ecosistemas y los paisajes, desplazando a las especies biológicas más afines a los climas fríos y húmedos en favor de las adaptadas a unos ambientes más cálidos y más secos.
