Mejor o peor, el Gobierno ya tiene un plan para hacer frente al hundimiento súbito que se ha producido en la actividad económica, temible efecto secundario de la pandemia del germen COVID-19 y de las medidas para frenar su propagación. Con el mismo trazo grueso que Pedro Sánchez utilizó para presentar el contenido del "escudo" pergeñado tras un largo e intenso "toma y daca" -en palabras de Pablo Iglesias- entre la parte socialista del Ejecutivo y la de Unidas Podemos, puede decirse que el decreto asume buena parte de las aspiraciones expresadas por patronal y sindicatos, es menos poroso a exigencias principales de las organizaciones de autónomos -sobre todo a la suspensión general del pago de cotizaciones decidida por Macron en Francia- y sigue la estela del presidente galo y de la Alemania de Merkel en el relevante capítulo de los avales del Estado a las pymes.
Falta la letra pequeña, que seguró dará que hablar, y la ejecución, aspecto este último crucial. Si la hondura y febril capacidad de mutación de esta crisis exigía disponer de forma inmediata de medidas de defensa y rescate de la economía, el desafío ahora es aplicarlo de forma rauda. Más cuando la Administración, principal encargada de hacerlo, tiene su organización y sus recursos trastocados por el mismo estado de alarma que altera tan severamente la vida de las personas, sus empleos y sus negocios.
Va a ser un reto mayúsculo que medirá la capacidad de gestión administrativa del sector público en una situación inédita. Dependerá de muchas cosas, empezando por la letra menuda y por la claridad legislativa que tenga el "escudo" de Sánchez.
