El Gobierno australiano ha creado una nueva ley de seguridad contra el terrorismo mediante la cual se autoriza a ciertas compañías del sector bancario a controlar los correos electrónicos, u otras comunicaciones por internet, de sus empleados. Ante las protestas de los afectados, ya que la citada ley ha originado abundantes críticas entre los grupos a favor de la defensa de las libertades civiles, la primera ministra en funciones, Julia Gillard, lo ha justificado como una medida preventiva para proteger a Australia de un potencial ataque ciberterrorista. Por ello, considera necesario vigilar las infraestructuras de telecomunicaciones para evitar que se colapsen y prevenir potenciales ataques al sistema informático bancario. La actual ley de Telecomunicaciones australiana, que expira en el mes de junio del próximo año, sólo autoriza a las agencias de seguridad a revisar la comunicación de sus empleados sin su consentimiento. Se espera una actualización polémica de la citada ley cuando llegue el momento.
