Así subirán las pensiones a partir de enero de 2025: jubilación, viudedad, incapacidad permanente y no contributivas

Las pensiones contributivas se revalorizarán conforme al IPC interanual

Cuatro millones de pensionistas viven bajo el umbral de la pobreza en España

Atlas News

La subida de las pensiones está regulada por ley, específicamente en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Este artículo establece que las pensiones contributivas subirán conforme al IPC medio de los doce meses previos a diciembre del año anterior, es decir, de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Con esta norma, se busca garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Por ello, junto a esta medida, se eliminó la conocida como “paguilla de las pensiones”, que correspondía a los atrasos derivados de este IPC.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media total, que incluye las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, subirá de 1.260,93 euros mensuales a 1.296,23 euros, lo que supone un aumento de 35,30 euros al mes. La pensión media de jubilación, actualmente fijada en 1.448,77 euros mensuales, aumentará en 40,56 euros, alcanzando los 1.489,33 euros mensuales, lo que equivale a 20.850,69 euros anuales.

Por su parte, la pensión media de incapacidad permanente subirá de 1.165,60 euros a 1.198,24 euros mensuales, con un incremento de 32,63 euros. La pensión media de viudedad pasará de 898,82 euros a 923,98 euros mensuales, un aumento de 25,16 euros. En cuanto a la pensión de orfandad, subirá de 503,30 euros a 517,39 euros mensuales, con un incremento de 14,09 euros. Finalmente, la prestación en favor de familiares aumentará de 744,90 euros a 765,75 euros mensuales, lo que supone una subida de 20,85 euros.

Según la última reforma de las pensiones, las pensiones mínimas aumentarán por encima del IPC, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo y la disposición adicional quincuagésima tercera de la LGSS. Esta reforma establece que las pensiones mínimas contributivas deben alcanzar, al menos, el 60% de la renta mediana de un hogar compuesto por dos adultos en 2027. Para ello, el gobierno tomará como referencia la evolución de la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, que se incrementará progresivamente.

Cuatro millones de pensionistas viven bajo el umbral de la pobreza en España

Cuatro millones de pensionistas viven en España bajo el umbral de la pobreza, la mayoría son mujeres porque la brecha de género también influye: han tenido peores trabajos o bien son viudas y ven recortada la pensión cuando su pareja fallece. La pensión media de viudedad no llega a los novecientos euros. Aunque, tras meses de lucha por parte del movimiento de pensionistas, se logró en 2021 que las pensiones suban los mismo que el IPC interanual, la realidad es que según relatan siguen perdiendo poder adquistivo.Y eso que en los últimos cinco años han subido un 27%. Porque se parte de una mala situación.

Uno de cada dos tiene una pensión por debajo de mil euros y muchos, según denuncia Damién, de COESPE Madrid, "tienen que elegir entre comer o pagar sus medicinas". También denuncian que en 2021 se recogió la obligación de auditar las cuentas de la Seguridad Social y que no se ha hecho. E insisten en que el Tribunal de Cuentas ya ha dicho que se desviaron más de cien mil millones de euros de la caja de Seguridad Social a gastos impropios y que ese dinero debería ir a subir las pensiones más bajas. Entre sus reivindicaciones dos muy claras: "pensiones mínimas igual al salario mínimo interprofesional" y que las viudas "tengan la misma pensión que tenían sus parejas".

Insisten en que hay dinero y denuncian la privatización encubierta que suponen los planes privados de empleo que, a través de la negociación colectiva, detraen dinero de cotizaciones sociales a lo privado, a las entidades financieras. Son, aseguran, un plan de pensión privado obligatorio que resta recursos a lo público. También reclaman una interlocución directa entre el Gobierno y las organizaciones de pensionistas, en lugar de la negociación que el Ejecutivo establece, sobre pensiones, con patronal y sindicatos.

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