El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: "Cinco años de prisión y multa de 22 meses" para el marido de Marta López Álamo

La Fiscalía de Madrid solicita cinco años de prisión para Kiko Matamoros por la presunta comisión de delitos relacionados con el ocultamiento de patrimonio y el impago de deudas tributarias que superan el millón de euros.

El juicio se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid. En el banquillo también se sentará su exmujer, María José Giaever, conocida como Makoke, quien se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de alzamiento de bienes y un delito de ocultación de bienes en procedimiento de ejecución. Así, solicita para Matamoros cinco años de prisión y multa de 22 meses, además de otros seis meses de cárcel por el segundo delito. Para Makoke, a quien el fiscal considera cooperadora necesaria, se piden cuatro años y una multa de veinte meses y quince días.

Según el escrito de acusación, el principal acusado, entre 2009 y 2014, habría obtenido importantes ingresos por su actividad en televisión, prensa del corazón y eventos públicos, pero evitó declarar estas rentas y diseñó un sistema para ocultar su patrimonio.

Para ello, presuntamente utilizó sociedades interpuestas --principalmente Salto Mortal S.L. y Silla del Ring S.L.-- que emitían facturas por trabajos que en realidad realizaba personalmente. Según el Ministerio Público, estas empresas carecían de estructura real y solo se utilizaban para canalizar ingresos y dificultar el control de la Agencia Tributaria.

El escrito sostiene que los ingresos se ingresaban en cuentas de estas sociedades, desde las que el acusado realizaba retiradas de efectivo, transferencias a terceros o pagos de gastos personales.

Entre 2011 y 2015, una de estas cuentas llegó a recibir más de 900.000 euros, de los cuales la mayor parte habría sido retirada para uso particular.

La Fiscalía también sostiene que el acusado, con la colaboración de su entonces pareja y posterior esposa, habría presuntamente ocultado la titularidad real de una vivienda en Pozuelo de Alarcón valorada en más de 1,3 millones de euros.

Aunque el inmueble figuraba formalmente a nombre de ella, los pagos del préstamo hipotecario se habrían realizado principalmente con fondos procedentes del acusado o de las sociedades que controlaba.

Como consecuencia de estas actuaciones, la deuda tributaria generada entre 2009 y 2014 asciende, según la acusación, a 1.086.597 euros, incluyendo cuotas, intereses y sanciones.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que ambos acusados indemnicen a la Agencia Tributaria con 471.900 euros por las cantidades destinadas al pago de la vivienda, además de otros importes relacionados con disposiciones de efectivo y gastos personales.