Conflicto político por el cierre de las pistas de Navacerrada

El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, considera que “no hay razones ni políticas ni jurídicas” para declarar el cierre de las pistas de esquí de Navacerrada, por lo que permitirá a la concesionaria seguir prestando la actividad a partir de este mes.

El Ministerio para la Transición Ecológica anunció el pasado 3 de marzo que no renovaba la concesión de las tres pistas de esquí de la vertiente segoviana (Telégrafo, Bosque y Escaparate), al considerar principalmente que el cambio climático no hacía viable ni sostenible el mantenimiento de la concesión.

“La empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí deberá desmontar los remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas de agua con un plazo que finaliza el día 30 de octubre de 2021”, decía la nota informativa del Ministerio cuando comunicó que la concesión tenía fecha de finalización.

En una rueda de prensa junto con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Mañueco consideraba que “no hay inconveniente” para que la concesionaria siga prestando su actividad en las pistas de Navacerrada.

Mañueco dijo que, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha declarado competente al Ejecutivo de la Junta de Castilla y León para declarar el cierre, éste considera que no se dan “las razones políticas y jurídicas” para su clausura, por lo que continuará con su actividad.

La empresa gestora de la estación de esquí de Navacerrada ya avanzó su intención de abrir este mismo 3 de diciembre si las condiciones meteorológicas se mantienen.

El Gobierno anunció que no renovaría la concesión de las instalaciones de esquí de las pistas Escaparate, Telégrafo y El Bosque en Navacerrada, ya que esa parte del monte Pinar de Valsaín pasará a dominio público forestal. Las pistas de la vertiente madrileña tenían caducada la concesión desde 2019, mientras que las que la vertiente segoviana tenían una concesión no prorrogable que databa de 1996 y finalizó el pasado abril.

El Gobierno actúa judicialmente contra la Junta

Ante el desafío planteado por Castilla y León, la Abogacía del Estado, a instancias del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), propietario de los terrenos, ha presentado ya un recurso contencioso-administrativo contra la Junta con el fin de impedir las actividades de esquí en Navacerrada hasta la resolución del mismo.

La afirmación de que no hay inconveniente alguno para que la concesionaria siga desarrollando la actividad realizada por Mañueco supondría la vulneración de los derechos del propietario del monte reconocidos en la Ley de Montes de Castilla y León (Ley 3/2009 de 6 de abril) así como del procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones, alega el Gobierno.

Si bien la Junta de Castilla y León es la administración competente para resolver las concesiones de dominio público forestal, no lo es sobre la ocupación o no de unos terrenos que son de titularidad pública y propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), detalla el Ministerio.

Igualmente recuerda que la Junta es también competente para tramitar expedientes ante una ocupación ilegal “como la que se está dando en los terrenos del Puerto de Navacerrada”, comprendidos en el Monte de Utilidad Pública “Pinar de Valsaín”, dado que la concesión caducó el pasado 3 de abril de 2021.

Ante lo que califican como “dejación de competencias” por parte de la Junta, el OAPN envió un requerimiento en octubre para que resolviera las solicitudes presentadas para declarar extinguida la concesión de las instalaciones de esquí en dichos terrenos, lo que fue rechazado por el gobierno regional.

Ante la presentación el recurso, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha fiado a la Justicia la reapertura este mismo fin de semana de la estación de esquí de Navacerrada en Segovia, aunque se ha quejado de la “reacción desproporcionada” del Gobierno de España.

Castilla y León: «Reacción desproporcionada»

En una rueda de prensa, Mañueco ha criticado las “veladas acusaciones de deslealtad” proferidas en su opinión por el Gobierno de España.

La Justicia decidirá si impide de forma cautelar la práctica de esquí en la vertiente segoviana de la estación de Navacerrada tras caducar la concesión del terreno, propiedad de Parques Nacionales, y si la Junta de Castilla y León ha incurrido en dejación de funciones al no hacer cumplir la orden de desmantelamiento de la infraestructura deportiva.

“Lo de Sánchez con algunas Comunidades Autónomas empieza a ser de manía persecutoria”, ha expresado Mañueco, quien ha pedido “dejar trabajar a la justicia” y los servicios jurídicos de la Junta ante el recurso presentado por el Gobierno, mientras que ha preferido no detallar qué ocurrirá en la práctica el próximo fin de semana en la estación de esquí. “Es una decisión empresarial”, ha apostillado.

Mañueco se ha sorprendido de que el Gobierno haya tramitado este recurso a pesar de que el acuerdo de la Junta fue tomado hace “45 días” y en la confianza de que se lleva esquiando en Navacerrada “100 años” sin que esto haya sido modificado por leyes anteriores, mientras que el Ejecutivo central sí ha reaccionado “de forma atropellada” ante las declaraciones del pasado lunes, cuando se reunieron el presidente de la Junta de Castilla y León y la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso.

Además, ha considerado “intolerable” que el Gobierno le acuse de deslealtad, ya que entiende que ha mostrado su “lealtad con España y también con el Gobierno”.

Ecologistas: «Impacto ambiental indudable»

Por su parte, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF denuncian que el impacto de la estación de esquí de Navacerrada sobre el territorio es indudable y aluden a factores como la “aglomeración de tráfico, instalaciones obsoletas, cables de acero abandonados, basura, alteración de la geomorfología, eliminación de la vegetación, erosión o la retracción del caudal del arroyo del Telégrafo para alimentar los cañones de nieve artificial”.

Estas organizaciones ecologistas creen la evolución climática con la subida de las temperaturas, la reducción de precipitaciones y del espesor de nieve en los últimos años la hacen inviable.

A ello se suma la necesidad de proteger los ecosistemas de la Sierra de Guadarrama, por lo que piden su desmantelamiento, restaurar el monte e incorporarlo al Parque Nacional “tal y como obliga la Ley”.

Los ecologistas han recordado que ya en 2005 la Junta de Castilla y León dispuso que estas instalaciones no deberían ser ampliadas, “siengo un objetivo a largo plazo su levantamiento”.

En el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Nacional Sierra de Guadarrama del año 2010 también se contempló, afirman, su provisionalidad y la restauración ambiental y paisajística de los terrenos afectados.

Con estos antecedentes, señalan las organizaciones ecologistas, no entienden que la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid se hayan opuesto a desmantelarla, les reclama “que caduquen la ocupación ilegal de la estación” y no conviertan este procedimiento administrativo en un enfrentamiento político.

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