El Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

El Gobierno tendrá que empezar a pagara los butaneros por la entrega a domicilio de las bombonas. Según El Confidencial, el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a compensar el servicio de reparto, en un fallo que exige al Ministerio para la Transición Ecológica aprobar en un plazo máximo de seis meses la normativa específica que regule el coste de este servicio obligatorio.

Esta sentencia se produce en un contexto de quejas generalizadas en el sector butanero. En concreto, la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) había convocado -antes de que se hiciera pública esta decisión del alto tribunal- una asamblea extraordinaria en febrero en la que se propondrán medidas como la suspensión indefinida del reparto domiciliario de bombonas de butano, ante el "problema enquistado" que arrastra el sector desde hace una década. En esta cita, también se plantearán otras iniciativas como movilizaciones de camiones de reparto en Madrid, con dirección a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica.

El pasado octubre, la Fedglp estableció un calendario de paros en el reparto domiciliario en toda España ante la "grave situación" de las agencias distribuidoras, a las que el ministerio y las principales empresas operadoras de gas butano -decía- "obligan" a repartir las bombonas "a pérdidas".

Ahora, la Federación avisa de las "acciones inmediatas" que abordará en su asamblea extraordinaria ante la "persistente falta de soluciones a un problema enquistado desde hace una década, y sin ningún avance desde noviembre tras el cierre del período de alegaciones al borrador de nueva orden ministerial". En su opinión, el texto "reconocía íntegramente" los problemas del sector; sin embargo, proponía una actualización de "tan sólo 0,30 euros por botella para las agencias distribuidoras", una cantidad "completamente insuficiente" para cubrir los costes reales del servicio. A tenor de sus análisis técnicos, la actualización necesaria sería, al menos, de 1,80 euros por bombona.

Ante este panorama, la distribución domiciliaria "no es sostenible", insiste la Fedglp, que recalca que este servicio "esencial y de carácter social no puede mantenerse en las actuales condiciones de precariedad económica que atraviesan las agencias". "La suspensión del reparto domiciliario de bombonas reguladas representa una medida extrema pero necesaria ante la falta de respuesta efectiva del Gobierno", defensía Fedglp para justiricar la convocatoria de esta asamblea extraordinaria.

El fallo del Supremo, según el cual el Gobierno deberá pagar a los butaneros por la entrega a domicilio de las bombonas, introduce una novedad esencial en el sector y puede aliviar los problemas de los butaneros en gran medida.