La OCU alerta contra las comisiones ilegales que se están cobrando en las viviendas

La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, alerta sobre las comisiones de hasta el 6% que están cobrando las agencias inmobiliarias sobre el precio de la vivienda. Y lo que es peor: el colectivo advierte de que en los alquileres se producen cobros ilegales a los inquilinos, una práctica que denuncian de forma reiterada.

Según la OCU, para comprar hoy en día una vivienda en España hay que hacer "un esfuerzo equivalente a 7,7 veces los ingresos brutos de un hogar". "Los precios están disparados y la intermediación de las agencias inmobiliarias, que intervienen en tres de cada cinco operaciones, puede constribuir a elevarlos todavía más. Muchos consumidores, además, han denunciado las prácticas poco transparentes de estas inmobiliarias, como las comisiones abultadas y la falta de información relevante", denuncian.

¿Es un práctica extendida?

La Organización de Consumidores visitó agencias de cinco ciudades para comprobar si estas practicas están extendidas en nuestro país. ¿Y cuál fue el resultado? "En las ventas nos hemos encontrado con el cobro de comisiones altas y falta de información relevante. En los alquileres sigue habiendo alguna agencia que cobra a los inquilinos, una práctica que es ilegal".

La razón

¿Por qué pasa esto? Según la OCU, porque la intermediación inmobiliaria está poco regulada a nivel estatal, sobre todo, en los que se refiere a quién puede ejercerla y cuánto pueden cobrar. "Cuando no hay normativa autonómica, pueden actuar como intermediarios inmobiliarios todo tipo de agencias y franquicias, algunas sin garantías claras, además de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), que son profesionales colegiados con su seguro de responsabilidad y unos códigos de actuación". 

Estos intermediarios, según la Ley Estatal de Vivienda, deben aportar información sobre el titular del inmueble, las condiciones económicas de la operación y las características de la vivienda (superficie útil y construida, antigüedad, instalaciones, situación urbanística...). También deben tener el encargo firmado antes de poner el anuncio y hacer comprobaciones legales y técnicas de que la oferta es real y no esconde trampas. Además, un decreto de 2021 requiere que los anuncios incluyan la etiqueta energética del inmueble.