Luanco,

Illán GARCÍA

El alcalde, Salvador Fernández (PP), aseguró ayer que serán los once concejales de la oposición durante el anterior mandato, que se opusieron al plan de La Arena, los que tendrán que pagar los 1,1 millones de euros que ahora exige la empresa encargada de los trabajos, si la promotora prosigue con su reclamación. «El no al plan de La Arena va en contra de la oposición, no del gobierno», explicó Fernández.

El Alcalde comentó que el convenio urbanístico «se paralizó por una moción presentada por IU-BA en la que denunciaban irregularidades» en la construcción de viviendas. «Lo único que tengo claro es que el plan es legal y no se cometió ninguna irregularidad», aseguró el Alcalde.

La empresa solicita, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el pago de esta cantidad por considerar que el Ayuntamiento incumplió el convenio de La Arena, así como por su inactividad en el desarrollo urbanístico durante todo el período.

La promotora no descarta la vía judicial si el caso no llega a buen puerto. Uno de los puntos del acuerdo entre empresa y Ayuntamiento obligaba al último a llevar a cabo la «urgente tramitación de todos los instrumentos de planeamiento, gestión y desarrollos urbanísticos necesarios y a conceder las licencias y autorizaciones con la máxima celeridad y sin demora».

Según el escrito presentado por la promotora en el registro municipal, el Ayuntamiento «vulnera y se burla» del contrato firmado entre ambas partes, «ya que se ha producido una demora en los trabajos de más de un año». El contrato entre Ayuntamiento y empresa se firmó en 2004. Año y medio después. El Alcalde aprobó por silencio administrativo el plan de La Arena, en el que se prevé la construcción de 500 viviendas, al no haber recibido contestación alguna de la Comisión del Territorio (CUOTA).

Legalidad

El regidor gozoniego atribuyó ayer a la oposición que se hubiese hecho público el informe en el que la empresa reclama más de un millón de euros. El hecho de «filtrar» el documento fue calificado por Fernández como de «barbaridad». «La oposición, según la ley, tiene el deber de guardar y reservar estos documentos y no puede entregar ese informe a nadie», dijo Salvador Fernández. «No pudimos seguir adelante con el plan de La Arena, que es totalmente legal», insistió el alcalde gozoniego.

La reclamación efectuada por la empresa Hormasprom S. A., por ahora únicamente enunciada pero no tramitada ante ningún órgano judicial, asciende a 1,1 millones de euros, que suponen una séptima parte del presupuesto anual (aproximadamente 7,8 millones de euros) que tiene el concejo de Gozón.