Daniel Rodríguez Díaz pronuncia con cierta dificultad, pero habla como otros escriben, eligiendo las palabras con precisión casi quirúrgica. Daniel Rodríguez tiene parálisis cerebral desde su nacimiento. Su enfermedad le convirtió en activista hace 43 años, casi desde la cuna. “Nadie pensaba que Daniel fuese a andar, pero lo hizo”, dice él. Nadie pensaba que Daniel fuese a estudiar una carrera, y lo hizo. Ni que fuese a luchar incansablemente por cambiar las cosas para aquellos, como él, con diversidad funcional. Daniel Rodríguez tiene una cruzada: quiere que se cumpla la Ley. Desde 2008, recuerda este trabajador social, España se comprometió a cambiar su sistema jurídico para adaptarse a la filosofía de Vida Independiente. Y, Asturias, a día de hoy, no lo ha hecho.
La filosofía de Vida Independiente es la que él se aplica a sí mismo y a aquellos con quienes trabaja. Se basa, explica, en que toda aquella persona con diversidad funcional pueda desarrollar lo que el propio nombre de la corriente pregona. Una vida digna en la que pueda valerse por sus propios medios. Pero esto requiere que las administraciones públicas pongan todos los recursos necesarios. Para ello, reclama, debe crearse algo que el Principado “ya hace años que prometió”: una Oficina de Vida Independiente. Un proyecto del que aún no se han puesto ni los cimientos.
No es una oficina para discapacitados, ni mucho menos, explica. “Yo siempre estuve al margen de la discapacidad. Y digo discapacidad y no diversidad funcional. No me siento identificado con un colectivo al que se define por sus limitaciones”, sentencia. Pero esto, lamenta, no se entiende. Cambiar los términos, a su juicio, no es un simple asunto nominativo. “Las palabras crean conciencia”, explica. Y esa conciencia, sostiene, no ha cambiado en los últimos años, o no radicalmente, por lo menos en algunas ocasiones. Y eso él lo ha vivido y lo vive en sus propias carnes.
Cuando era niño, relata, “no había nada de información” y los centros educativos etiquetaban a aquellos con diversidad funcional como “personas no válidas” a las que “se iba dirigiendo hacia la exclusión social coaccionando a las familias”.
Cuenta que los centros educativos trataban de derivar a los niños a las primeras de cambio hacia centros de educación especial. Y eso “sigue pasando y no es la solución”. Se trata de un problema de concepto: “La diversidad funcional no es un problema personal, es un problema de toda la sociedad. La sociedad debe aportar los recursos necesarios para que todo el mundo pueda tener una vida independiente”.
“Nadie pensaba que Daniel fuese a andar, pero lo hizo”, dice de sí mismo
“Los alumnos con rasgos diferentes de funcionamiento, cuando abandonan sus centros de enseñanza, deben de disponer de herramientas para manejarse en sociedad y en el campo laboral no verse limitados a trabajos subvencionados. Sólo así podrán empoderarse y estar a salvo de la marginación y de una vida sometida a la dependencia familiar o institucional”, esgrime.
“Pero la realidad es que, hoy por hoy, un porcentaje altísimo de escolares con diversidad funcional abandonan su período de formación con el ciclo de primaria y carecen de herramientas para desenvolverse en sociedad”, sostiene. Y eso es algo que afecta a quienes padecen una parálisis cerebral, un trastorno de espectro autista (TEA) o cualquier otro rasgo diferente. “Las instituciones educativas no pueden seguir en el inmovilismo que les caracteriza y, en plena era de las tecnologías avanzadas, la claridad de ideas, la no discriminación y los recursos materiales y tecnológicos al servicio de todos los alumnos, son componentes imprescindibles del marco de actuación en una sociedad avanzada”, concluye.
Pero el activista, que fue nombrado Asturiano del Mes por LA NUEVA ESPAÑA tras la publicación de su libro “Cordones para zapatillas” en el año 2010, matiza su discurso. Su activismo no es contra los centros de educación especial, que asegura que son positivos y deben existir. Va en contra de un sistema que segrega, casi por vagancia, a quienes tienen una diversidad funcional. Antes de esto, deberían dotar a los centros de los recursos para lograr una vida independiente para todos.
LA DEJADEZ INSTITUCIONAL
El futuro de los escolares con diversidad funcional no puede seguir implicando marginación y vulneración de los derechos de los niños
Daniel RODRÍGUEZ DÍAZ | Trabajador social y activista
El pasado 13 de abril, LA NUEVA ESPAÑA publicó una noticia sobre la primera sentencia en Asturias del TSJA por la suspensión de apoyos a un alumno con diversidad funcional, en su centro ordinario de enseñanza. Vulneración de los derechos del niño con diagnóstico TEA (trastorno del espectro autista), que la familia había denunciado y para la cual la justicia le fue favorable.
La Consejera de Educación, disconforme con la sentencia, advirtió de que la recurriría. Y, como era de esperar, se puso en marcha, por parte de entidades y familias que trabajan o conviven con personas TEA, la consiguiente divulgación de estos hechos, con el fin de concienciar y visibilizar los problemas a los que se ven expuestos bastantes escolares por el hecho de ser funcionalmente diferentes. Parece ser, tal y como anunciaba este mismo diario el 5 de mayo, que la Consejera de Educación ha renunciado a recurrir la sentencia y acata la resolución del TSJA.
La rectificación es una buena noticia, pero hay que recordar que España se comprometió en el año 2008 a adaptar nuestro sistema jurídico a los principios que marca la Convención de la ONU del año 2006, para la protección de los derechos de la minoría social con diversidad funcional (derechos que se reconocen por primera vez en la historia) y a establecer el marco político y social necesario para garantizar que las personas puedan desarrollar sus vidas con dignidad, sin que la diferencia sea factor de exclusión y marginación.
Sin embargo, seguimos asistiendo a una insólita dejadez por parte de las instituciones políticas, y en cada curso escolar nos encontramos con noticias en las que las familias se ven obligadas a llevar ante los tribunales de justicia hechos que vulneran los derechos de sus hijos cuando llegan a la edad escolar.
Es hora de que el sistema educativo en Asturias, en el caso de alumnos con diversidad funcional, deje de dirigir el foco de atención a los aspectos que limitan a estos niños y apunte a potenciar sus capacidades atendiendo a las necesidades individuales, para garantizarles una educación en igualdad de condiciones, respetando sus diferencias.
El futuro de los escolares con diversidad funcional ya no puede seguir condicionado por el sistema sanitario que, durante varias décadas, ha llevado a cabo una selección de alumnos “especiales” y “normales” siguiendo un modelo rehabilitador que, en sí mismo, implica marginación y vulneración de los derechos de los niños, a quienes etiqueta cuando apenas tienen cinco años.
