Un vecino de Nuevo Roces, en Gijón, recibió el pasado mes de agosto la que es la primera multa en Asturias por destinar un piso de protección pública a alquiler vacacional, de manera irregular e incumpliendo la norma que impide que las viviendas protegidas se dediquen a otra cosa que no sea ser primera residencia.
La sanción no fue menor: 58.640,63 euros. El procedimiento sancionador fue iniciado por la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a raíz de la campaña iniciada este verano para perseguir los fraudes en los pisos turísticos.