Fumata blanca. Lo que ayer era un no, se convirtió a media mañana en un quizá para, finalmente, llevarse al Consejo de Ministros una gran parte del decreto ómnibus con varias de las medidas tumbadas la semana pasada en el Congreso por PP, Vox y Junts. El Gobierno descartó el lunes aprobar este martes parte del decreto de escudo social, pero al final apuró unas negociaciones 'in extremis' que han acabado en acuerdo con los posconvergentes. Los avances en la negociación con los posconvergentes cambiaron los planes.
El acuerdo implica un nuevo giro en la posición de Sánchez, que hasta ahora había insistido en que el decreto ómnibus, que incluía todo tipo de materias dispares, debía ser aprobado en su integridad, algo para lo que se había recetado más tiempo. Pero la norma aprobada este martes solo incluye las iniciativas sociales más relevantes (subida de las pensiones, ayudas al transporte y bonificaciones al transporte público, entre otras), dejando el Ejecutivo para las "próximas semanas" las medidas tributarias y económicas.
Pero también hay cambios en Junts. En un comunicado, los posconvergentes han anunciado, además del acuerdo, dos aspectos de enorme importancia política. Por un lado, el Gobierno se ha comprometido a utilizar su mayoría en la Mesa del Congreso para permitir la tramitación de la proposición no de ley de Junts que pide que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Los socialistas habían rechazado hasta ahora dar este paso, que ahora aceptan, si bien la proposición tendrá un redactado distinto al registrado en un primer momento. Y de ahí el segundo anuncio de los posconvergentes, que habían anunciado la “suspensión” de las negociaciones “sectoriales” con Sánchez. Ahora estos puentes se reactivan.
Pero el acuerdo no implica que el presidente del Gobierno vaya a someterse a una cuestión de confianza para comprobar si continúa teniendo el apoyo de la mayoría de la Cámara baja, una competencia que le corresponde en exclusiva. La iniciativa de Junts es una proposición no de ley, que carece de efectos jurídicos y se limita a instar al jefe del Ejecutivo a dar un paso que no está obligado a dar. Fuentes de la formación independentista, en cualquier caso, aclaran que no han decidido qué votarán cuando se debata su propuesta.
Sánchez ha dado a primera hora de la tarde más pistas sobre lo que hará el PSOE. El presidente del Gobierno no suele comparecer tras el Consejo de Ministros, pero el acuerdo alcanzado es tan relevante, después de varios días en los que parecía deshilacharse su mayoría parlamentaria, que ha considerado necesario salir él mismo a explicarlo. Tras cargar contra el PP y Vox por sus “bulos” y defender que lo aprobado muestra que el Ejecutivo “suda la camiseta hasta el final”, Sánchez ha dejado claro que no piensa someterse a una cuestión de confianza.
“Es una prerrogativa del presidente del Gobierno. Ya les adelanto que el Gobierno no vé la necesidad de hacerlo”, ha señalado desde el palacio de la Moncloa. Aun así, la proposición no de ley podría salir adelante con los votos del PP, Vox y Junts. Pero si lo hiciera, el presidente no tendría ninguna obligación de someterse a la moción de confianza. Y los socialistas creen haber reconducido las negociaciones con los posconvergentes, así que creen, sin dar nada por cerrado, que votarán en contra de su propia propuesta.
Impagos de alquileres
Sánchez ya decidió a primera hora de este martes retrasar la reunión del Consejo de Ministros, según apuntaron fuentes de la Moncloa, con el objetivo de estirar las conversaciones con el partido de Carles Puigdemont y dar luz verde a las medidas más importantes. Tanto la revalorización de las pensiones, la bonificación del transporte público y las ayudas a la DANA, como exigía Junts, pero también la moratoria de los desahucios y los cortes de suministros a las familias vulnerables.
En el caso de los desahuicios se añaden medidas de reparación a los propietarios con un aval del Estado para que, en caso de impago o desperfectos, hacerse cargo. Además, el ministerio de Transportes ha logrado salvar el 'escudo antiopas' ante el riesgo sobrevenido sobre Talgo.
El decreto entrará en vigor de inmediato y ahora deberá ser convalidado en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados. Hasta ahora, Junts había exigido la aprobación inmediata de la subida de las pensiones y las ayudas al transporte y a los afectados por la dana de forma “individualizada”, sin incluir otras medidas como la prohibición de los desahucios a los más vulnerables, que los convergentes rechazan. Sánchez y su socia en la coalición, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, insistían en que el decreto se tenía que aprobar tal cual había sido tumbado, junto al resto de iniciativas. Entre otros motivos, porque así lo habían pactado con los grupos de izquierda. Sin embargo, socialistas y Junts buscan ahora una solución intermedia, sin que esté claro el desenlace.
Pantalla de los Presupuestos
Sánchez no ha querido adelantar la pantalla de los Presupuestos tras este acercamiento con Junts. “Partido a partido”, respondió sobre la negociación de las cuentas públicas tras haber insistido en que el Gobierno podrá perder votaciones, pero "no está dispuesto a que la mayoría social pierda sus derechos”. De ahí que seguirá buscando votos “en todas partes”, según aseguró, para reunir una mayoría parlamentaria, “con dificultades y fragmentada”, que permita sacar adelante la "agenda social del Gobierno". De hecho, el jefe del Ejecutivo ha avanzado su confianza en que la parte tributaria y económica del decreto, no incluida entre las medidas que se llevarán mañana al BOE, “pueda ser aprobada en cuestión de semanas” y para ello ya se está negociando con los grupos parlamentarios.
“Nosotros no damos un partido por perdido”, contrapuso a la estrategia de oposición de PP y Vox, que tildó de negacionista. “Vemos derechos donde ellos ven mercancías para hacer negocio, por eso votan en contra de revalorizar las pensiones”, añadió Sánchez sin dejar de tildar sus argumentos en contra del decreto como “bulos”. Sin concretar cuando se prevé convalidar en el Congreso el texto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, envió el mensaje “a aquellos que quieran votar en contra” de que no lo justifiquen “con bulos ni creen angustia a la ciudadanía y se posicionen con argumentos reales, no falaces”.
La prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional se convirtió en una de las principales medidas sobre las que el Gobierno hizo bandera para justificar su apuesta por el todo o nada en el decreto ómnibus. Una medida que había sido pactada con Podemos a cambio de su apoyo a la ley de eficiencia judicial. La continuidad de las bonificaciones formaba parte también del acuerdo de investidura con el BNG y la prohibición de cortes de suministros básicos, por ejemplo, se negoció con EH Bildu.
Sánchez lanzó un mensaje positivo a la ejecutiva del partido en su reunión de este lunes sobre que se “arreglarán” las consecuencias de no haberse convalidado el decreto, pero también mostró preocupación por si cala la idea de que es el PP quien defiende la revalorización de las pensiones y no el Gobierno. En el cruce de responsabilidades, los populares han activado una recogida de firmas para exigir al Ejecutivo que lleve ya al Consejo de Ministros un decreto diferenciado con la subida de las pensiones.