"Volvería a hacerlo una y mil veces porque no tenía duda de que estaba en un proceso irreversible. Actué para que tuviese una muerte digna y para aliviar su sufrimiento». Con este argumento, totalmente convencida de haber procedido correctamente, se defendió este lunes la médica procesada por un presunto homicidio por imprudencia grave, una doctora que trabaja en un centro privado de Oviedo y que está acusada de haberle aplicado cuidados paliativos a una paciente de 73 años en vez de intentar salvarla poniendo en marcha otros protocolos de urgencia. "Se perfectamente cuando hay que seguir luchando para salvar a un paciente y en este caso no había nada que hacer", explicó la médica ante la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, María Elena González Álvarez.
La paciente fallecida ingresó en el centro sanitario el día 2 de enero del año 2018. Sus hijos decidieron llevarla «por un empeoramiento de su estado general» y quedó ingresada en el servicio de medicina interna «para observación y diagnóstico», pero sin presentar síntomas graves y sin que su vida corriese peligro en ese momento. Después de una mejoría inicial, las cosas comenzaron a complicarse. La madrugada del día 5 de enero, la mujer se cayó de la cama y se produjo un ligero traumatismo en la cabeza y un golpe en la rodilla. Esa misma noche, según uno de los pocos informes registrados en el historial de la mujer durante sus días de ingreso, se produjo un empeoramiento. «Tenía una hipotensión severa, respiración lenta y no contestaba cuando la llamaban por su nombre», sostiene el abogado que defiende a la acusada, Javier Álvarez Arias de Velasco, que repitió en varias ocasiones que ese debería haber sido el momento de activar la alarma para salvarla.
No en vano, la médica procesada no llegó al centro hasta las nueve de la mañana del 6 de enero, el día de Reyes. Acababa de iniciar su guardia de 24 horas cuando recibió una llamada de las enfermeras de la planta en la que estaba la mujer posteriormente fallecida. La paciente presentaba en ese momento «disnea, trabajo respiratorio y empeoramiento del estado general». Eran las 09.59 horas. «El médico responsable de la planta no estaba y yo subí como médica de guardia. La situación ya pintaba fea desde la puerta de la habitación», sostiene la acusada. «Su respiración era agónica, no respondía a estímulos verbales ni al dolor y tenía coloración azulada. Estaba en un proceso de muerte claro, no me cabe la menor duda», añade. «Lo que vi fue el desenlace final de la crónica de una muerte anunciada», recalca la facultativa, que ordenó suministrarle a la mujer «oxígeno y cloruro mórfico». La paciente falleció a las 11.16 horas.
La acusada, que se enfrenta a un año de cárcel y a tres de inhabilitación, registró en el informe, tras el fallecimiento, que la muerte se había producido a raíz de un edema pulmonar agudo. Tanto el fiscal como la acusación le achacan que, con ese diagnóstico, los protocolos pautan actuaciones que se han de ejecutar de inmediato –como monitorización, vigilancia, aplicación de oxígeno o suministro de fármacos que mejoren la presión arterial– y que ella no aplicó. «Yo sólo atendí a la mujer media hora. En el informe puse la causa de la muerte que me dijo el médico, que fue quien la trató durante los cuatro días de ingreso. Yo no hice ese diagnóstico, sólo vi que se estaba muriendo», sostiene la mujer.
Más testigos
Ese médico, que no había sido citado ni como testigos hasta el momento, también prestará declaración en próximas sesiones de este juicio a petición del Ministerio Fiscal. Durante la jornada de este lunes también declararon el hijo de la fallecida y el forense del juzgado, que en su informe recogió que la médica «debería de haber activado algún gesto terapéutico» para tratar de salvar a la paciente «aunque probablemente no lo hubiese conseguido».
Los hechos ya han sido enjuiciados por la vía civil, donde la Audiencia Provincial ya ha condenado a la propietaria del centro sanitario privado al abono de 25.527,16 euros a cada uno de los dos hijos de la fallecida. Ahora, por la vía penal, además de la pena de cárcel y de inhabilitación profesional, la Fiscalía pide que la médico acusada pague a los herederos de la fallecida 60.000 euros, descontándose de esta cantidad los importes ya recibidos por parte de la propietaria del centro sanitario.