El Gobierno avisó al Principado de una "posible extracción ilegal de carbón" en la mina de Cerredo 19 días antes del accidente que costó la vida a cinco mineros y lesiones a otros cuatro. En contestación a una pregunta del senador mierense José Manuel Rodríguez González, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aseguró en el pleno del Senado de este martes que "el Gobierno actuó con total responsabilidad y agilidad" y que "todas las administraciones tienen que trabajar para esclarecer lo ocurrido".

Añadió además: "Cuando nos trasladaron que el 12 de marzo podía estar dándose una extracción ilegal lo pusimos inmediatamente en conocimiento de la autoridad minera".

En su segunda intervención, el senador Rodríguez González se mostró duro. "La responsabilidad se inicia en la resolución del Instituto para la Transición Justa. Se reconocen subvenciones a Blue Solving, la empresa del accidente, y Combustibles Asturiano-Leoneses. En dicha resolución , se dice que tras revisar las solicitudes recibidas, se propone la concesión para todos los proyectos presentados". El senador se preguntó: "¿Cómo se puede conceder un permiso de investigación a las dos empresas, una con un capital de 3.000 euros y creada en 2022 (Blue Solving), y cómo puede asumir un proyecto de 3 millones de euros, y no se ponga ningún reparo? ¿Cómo se acreditó su solvencia técnica y económica? ¿Cómo a la segunda empresa, sujeta a un proceso judicial por un accidente laboral con un muerto y un herido, se le concede una subvención cuando se le había detectado extracción ilegal de carbón? Ambas además pertenecientes al mismo entramado familiar. Se estaba extrayendo carbón de una planta tercera de la que solo se podía sacar chatarra, tenía un permiso de investigación para otra planta, pero no presentaron un plan de labores. ¿Era necesario sacar 60.000 toneladas para dicha investigación? ¿Nadie vio el movimiento de camiones, las pilas de carbón almacenadas en el exterior? Parece ser que uno de los trabajadores fallecidos era un prejubilado que no estaba dado de alta en la seguridad social. Tenemos cinco muertos y a unos sindicatos apesebrados que dicen que no es necesaria una investigación, un presidente socialista y sus socios comunistas más preocupados por ocultar la verdad que por esclarecerla y un Gobierno de España que no controla las subvenciones".

El senador Josá Manuel Rodríguez González, durante su intervención. Senado de España

La ministra Aagesen, en su segunda intervención, recalcó que las atribuciones de minería corresponden a las comunidades autónomas. "La ayuda que se concedió a la empresa no podía financiar labores de extracción, el proyecto financiado no tenía nada que ver con la localización donde ocurrió el accidente y por otro lado la empresa adjudicataria no ha recibido aún ni un euro por parte del Instituto para la Transición Justa", dijo la ministra.