Un paciente gijonés de 65 años, que en la actualidad tiene extirpada la vejiga, la próstata, su riñón izquierdo y el uréter, va a recibir una indemnización de 55.000 euros en compensación por la demora injustificada que sufrió en la atención que le prestó el servicio de Urología del hospital de Cabueñes. Por tardar 287 días en verle el especialista para confirmar lo que una ecografía había apuntado como sospecha: que sufría un cáncer. Esa tardanza ha sido calificada por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Asturias como una evidente "pérdida de oportunidad" para que el hombre pudiera recibir un mejor tratamiento.

Fue a mediados del 2018 cuando el citado paciente comenzó a tener síntomas que identificó con patología de próstata. Consultó inmediatamente con su médico de cabecera y le trasladó su preocupación "no solo por la trascendencia de las molestias (PSA elevada, clínica prostática, etc)" sino por el hecho de que "su padre había fallecido de un tumor en la vejiga y en la próstata" que se había iniciado con síntomas similares a los suyos. El médico le remitió a una consulta con Urología y pese a la urgencia que sentía el paciente, la cita fue el 11 de abril.

Ese día le realizaron una ecografía y en la misma "ya se vía claramente una masa vesical de 3 centímetros compatible con un tumor maligno", según se recoge en varios informes y se acredita en la sentencia. Pese a esos indicios, el urólogo tardó nueve meses más en verle (hasta enero del 2020) para hacer la prueba diagnóstica definitiva. 287 días de retraso hasta que se comprobó la existencia de células malignas, lo que obligó a programar una cirugía urgente (se practicó en marzo) donde se constataron "lesiones tumorales de gran tamaño que solo pudieron resecarse parcialmente".