Proteger a los menores de sufrir violencia obliga a cualquier persona a denunciar un caso. Las víctimas pueden denunciar directamente y serán escuchadas siempre. Los menores de 14 años o con discapacidad no tendrán que declarar en juicio, ni ver a su agresor. La ley integral de protección de la infancia y la adolescencia amplía la prescripción de delitos graves: empezará a contar a partir de que la víctima cumpla 35 años y no desde los 18 como hasta ahora. Una situación que ha dejado impunes delitos sexuales cometidos en la familia, o por ejemplo, por miembros del clero. La norma aprobada hoy en el Congreso de los Diputados, con trámite pendiente en el Senado, ha tenido un amplio apoyo. Excepciones: el PNV que ha dicho no por injerencia competencial y también Vox, que ha dicho, niega la aprobación de la ley de protección a la infancia porque existe derecho al aborto. La ley erradica para siempre que se consideren supuestos como el inexistente síndrome de alienación parental.